Brasil vive momentos muy turbulentos, tanto en la política como en la economía. En la política, los desdoblamientos de la mega operación de combate a la corrupción —Operación Lava-Jato— se multiplican, como consecuencia de nuevas delaciones involucrando políticos, dirigentes partidistas y empresarios.

Uno de esos desdoblamientos involucra el juicio en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de la fórmula Dilma-Temer por financiamiento ilegal en las campañas de 2010 y 2014. Como no podía ser de otra manera, en este contexto existe mucha incertidumbre, con efectos en el campo económico.

A pesar de ello, el gobierno asumió la iniciativa de encaminar reformas estructurales, controvertidas y en muchos casos impopulares, pero muy necesarias hace ya tiempo. Varias medidas ya fueron aprobadas para mejorar el marco regulatorio en el área de infraestructura.

Recientemente se han subastado con éxito cuatro concesiones de aeropuertos; el programa de concesiones de puertos y ferrocarriles ganó un nuevo impulso con la redefinición de reglas; se prevén pronto nuevas subastas de concesiones de autopistas; en el área de energía, se han subastado, también con éxito, nuevas líneas de transmisión; y, finalmente, se revisó el marco regulatorio para la explotación de petróleo en el área del Pre-sal, con un importante cambio en la exigencia de participación de Petrobras en todos los proyectos. Precisamente, los proyectos derivados de estas iniciativas deberán aumentar la inversión en un momento en que la demanda agregada aún está deprimida, debido al alto grado de ociosidad en la industria y a los altos índices de desempleo y de endeudamiento de empresas y familias.

Es en el campo laboral y previsional, sin embargo, que las acciones del gobierno vienen teniendo mayor impacto potencial. En el primer caso, está la aprobación de la posibilidad de tercerización en las actividades "finales" de las empresas (hasta entonces restringida a las actividades "medio", como seguridad y limpieza) y la reforma de puntos específicos de la legislación laboral, ya aprobada en la Cámara de Diputados y en análisis en el Senado Federal.

Estas medidas aumentan la flexibilidad en el mercado de trabajo, sin comprometer los derechos de los trabajadores, y abren espacio para la reducción de costos, debido al aumento de la eficiencia en la asignación de los recursos y la reducción del potencial de conflictos entre empresas y trabajadores, en la medida en que privilegia la negociación sobre la legislación en aspectos específicos de la relación de trabajo.

La reforma de la Seguridad Social ya tuvo su informe aprobado en la Comisión de la Cámara de Diputados creada para analizarlo. Ahora, será remitido al plenario para su votación. Desde que el Gobierno envió al Congreso su propuesta de reforma a finales de 2016, pasaron cerca de cinco meses de intensas negociaciones: el resultado está lejos de resolver el desequilibrio estructural de la Seguridad Social en Brasil, así como de aliviar la presión que los gastos previsionales hoy en día ejercen sobre los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno, pero aun así se destaca por preservar una parte del impacto estimado mayor que la de intentos anteriores de reforma.

El proyecto original del gobierno fue bastante modificado y diluido, principalmente en lo que se refiere a la meta de tratar de distinta forma las diferentes categorías de trabajadores y grupos sociales: por ejemplo, la edad mínima de jubilación para policías y profesores es menor que para los otros trabajadores, a medida de la diferenciación que hoy ya existe en lo que se refiere al tiempo de contribución. Además, las mujeres podrán jubilarse a los 62 años, mientras que a los hombres se exigirá 65 años. Las reglas de transición para el nuevo régimen también se han suavizado, y las edades mínimas para la jubilación sólo se aplicarán plenamente dentro de 20 años. A pesar de ello, hubo avances muy importantes, de los cuales la exigencia de edad mínima para jubilación (hoy inexistente) es el más significativo. Por eso, es fundamental que los cambios sean aprobados en el Plenario: de ella depende la consolidación de la confianza de los agentes económicos de que la trayectoria de rápido crecimiento de la deuda pública —en buena medida resultante del fuerte aumento de los gastos en previsión y asistencia social— será revertida.

En esa perspectiva, la aprobación de la reforma de la Seguridad Social también sería importante para consolidar y, eventualmente, acelerar el proceso de reducción de la tasa de interés. Las ganancias en términos de reducción de la inflación fueron expresivas a partir del segundo semestre del año pasado: cayó del 6,3% en diciembre al 4% en mayo en la comparación anual. Esto permitió al Banco Central (BC) brasileño reducir los intereses en 3 puntos porcentuales desde ese momento. Sin embargo, los intereses siguen siendo muy elevados, y el propio BC ha enfatizado en su comunicación con el mercado que la intensidad y extensión de la reducción de los intereses dependen de la evaluación en cuanto al nivel de la tasa de interés estructural (o tasa neutro de intereses, en el sentido de permitir un nivel de empleo elevado sin presión sobre la inflación).

Esta tasa de interés estructural, a su vez, dependería, entre otros factores, de las condiciones estructurales de las finanzas públicas, que serían afectadas por la situación de la Seguridad Social. Con la aprobación de la reforma, junto con la ley que limita el crecimiento de los gastos públicos a la inflación pasada, se dan las condiciones para que los intereses en Brasil puedan caer, de forma sostenida, a niveles nunca antes alcanzados.

PAULO LEVY