Días atrás, conjuntamente con la presentación de la Rendición de Cuentas, se conocieron las cifras de funcionarios públicos a fin de 2016, que mostraron un nuevo incremento.

La publicación de la Oficina de Servicio Civil (ONSC) contiene algunos cuadros donde establece ciertas relaciones, entre la que destaco el porcentaje de empleados públicos en relación al empleo total. No había visto tal cuadro hasta que comenzó a ser repetido por funcionarios, legisladores y políticos del gobierno. Confieso que alguna de las cifras manejadas me llamó la atención, "no me sonaba" y, por tanto, recurrí a las fuentes para verificarla. Grande fue mi decepción cuando descubro que la publicación oficial está (muy) mal e induce a error, por supuesto a favor de la actual Administración.

El cuadro que acompaña esta columna nos muestra el empleo público según informa la ONSC, tanto en cantidad de dependientes, como los vínculos laborales, luego, calculo una relación entre ambos que es notoriamente estable. También nos muestra la población total del país, según informa el INE y el empleo total, que surge de multiplicar la población de 14 y más años por la tasa de empleo, pero, en este caso, en dos columnas, según la publicación de la ONSC y según mi cálculo que surge de los datos del INE. Si se observan ambas columnas se aprecia que las cifras difieren hasta el 2005 y, a partir del 2006 son prácticamente iguales. La diferencia desde dicho año obedece a los lugares después de la coma que cada una de ellas considera, siendo irrelevante; es más, cuando se construyen los indicadores éstos no presentan diferencias. A partir de lo anterior, todos los ratios que muestra la publicación oficial de la ONSC previo a 2006, cuando utiliza el empleo total como uno de sus términos, están muy mal, ¿Qué sucede?

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Antes de 2006 el INE, en su encuesta continua de hogares (ECH), relevaba las localidades de más de 5.000 habitantes y, a partir de dicho año releva el país en su conjunto. Entonces, hasta el 2005, la ONSC utilizó para calcular la estimación de la población ocupada, exclusivamente la población de 14 o más años las localidades de más de 5.000 habitantes, omitiendo al resto del territorio. Eso no quiere decir que en las localidades menores hasta el 2006 no hubiesen vivido y trabajado personas como en el resto del país. Ahora bien, ¿cómo estimar la población que allí trabajaba si no conocíamos su tasa de empleo? Tenemos suerte. Si se observan las tasas de empleo promedio anual del total país y de las localidades de más de 5.000 habitantes, que el INE con buen criterio sigue publicando por separado, entre 2006 y 2016 se constata que son prácticamente iguales en todos los años, por lo que, sin temor a cometer un error relevante, podemos utilizar esta última para los años previos y aproximar el total nacional. El resultado es mucho más lógico, el aumento del empleo entre 2005 y 2006 no fue de 300.000 personas como informa la ONSC, sino de 78.000. Un horror. Nadie en su sano juicio puede validar esa cifra, ¡cómo se extraña al Cr. Ariel Davrieux revisando la razonabilidad en las publicaciones oficiales antes de salir a luz!

Además de lo anterior, se cometen dos errores, uno nuevamente de cifras y otro conceptual. El numérico refiere a la población total del país que se toma utilizando, en todos los casos, la cifra preliminar del fallido censo 2011 que ¡mantiene constante! para todos los años. El error es doble, en primer lugar, hubo una revisión del censo en 2013 y se corrigieron los números y, en segundo término, hay que utilizar la cifra de población según la proyección de cada año, la que está disponible en la página del INE, según la fuente citada debajo del cuadro. El error conceptual viene de la comparación que se hace entre el empleo público y empleo total. Ese ratio tiene muy poco de relevante. ¿A quién le brinda servicios el Estado? ¿al resto de los trabajadores empleados o a la población en su conjunto? Es evidente que lo hace con la población en su conjunto. Por tanto, el indicador relevante es entre la cantidad de vínculos estatales y la población del país. En tal caso tenemos que desde 2004 a la fecha, la población aumenta 4.12%, el empleo público lo hace 27.8% y el cociente pasa de 7.17% a 8.80%.

La única justificación para que tan disímil comportamiento se justifique es que los servicios brindados por el Estado fuesen de mucha mejor calidad. Lamentablemente no es lo que percibe la población, ni la que indican las cifras objetivas. Los principales servicios, enseñanza, justicia, salud y seguridad interior, en el mejor de los casos no se deterioraron, siendo claro el retroceso en enseñanza (pruebas internacionales) y seguridad interior (las estadísticas lo dicen) y, en menor escala en salud.

El cuadro muestra que en ese período y, en porcentaje de la población, seguramente en los últimos 60 años, el menor número de funcionarios públicos se dio en 2004 y su caída sistemática fue a partir del año 1995, cuando se vota la ley que restringe el ingreso y, además, se implementa un novedoso sistema de incentivos de retiro de la función pública en la ley de presupuesto de dicho año.

Seguimos en la próxima entrega.

ISAAC ALFIE