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TEMA DE ANÁLISIS

El impacto del impuesto inflacionario en el público, las empresas y el emisor

Se suele decir que la inflación es el impuesto más regresivo, el más injusto, el peor de todos. La razón de ello es que el aumento de los precios disminuye el poder de compra de quienes perciben ingresos fijos, lo que equivale a que le cobren un impuesto de magnitud similar.

"Lo interesante del impuesto inflacionario es que no lo recauda nadie". Foto: Archivo

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HORACIO BAFICO - GUSTAVO MICHELIN19 may 2017

Intuitivamente lo anterior suena correcto, pero en los hechos no estamos ante un impuesto, al menos uno formal. El que haya inflación no significa que todos pierdan. De hecho, cuando los agentes se dan cuenta que viven en un contexto inflacionario, adoptan medidas para protegerse.

Por ejemplo, los trabajadores negocian ajustes salariales en períodos más cortos, las tarifas públicas se reajustan periódicamente, las empresas remarcan y así sucesivamente. Quienes verdaderamente la sufren son aquellos que no pueden adoptar medidas defensivas. En realidad, la inflación opera como un gran proceso distributivo en el que pierden los que no se pueden defender. De ahí que sea tan injusto.

A su vez induce a procesos ineficientes para el buen funcionamiento de la economía, ya que la prioridad es defenderse, y por lo tanto se retraen inversiones, la economía pierde dinamismo, no se genera empleo y puede llevar al estancamiento.

No obstante, y volviendo al sentir popular, dado que la inflación tiene impactos negativos que en muchos casos son similares a los que ocasionan los impuestos, es que se habla del "impuesto inflacionario". Que como bien lo expresa está asociado a la pérdida del poder de compra.

Pero, este impuesto castiga a los tenedores de saldos monetarios, es decir a quienes tiene pesos en su poder por motivo transacción, es decir para el día a día. Se incluyen aquí a las empresas, cuyas necesidades son en magnitud superiores a las de una familia.

De acuerdo a esas necesidades de gastos diarios, los agentes deciden cuánto dinero tener en caja, y el resto, si tienen la suerte de que les sobre, lo ahorran, lo que desde su punto de vista es una inversión.

Si por alguna razón ajena a los agentes aumenta repentinamente la cantidad de dinero en circulación, tratan de desprenderse de ese exceso. Como en estos casos la oferta de bienes y servicios generalmente no acompaña a la ofer- ta monetaria, el exceso de demanda que se produce se cierra vía aumento de precios.

Ese aumento de precios afecta no solo a los nuevos pesos que ingresaron al mercado, sino a los saldos que los agentes habían decidido tener a mano para sus transacciones corrientes.

Esos saldos, que anteriormente tenían un determinado poder de compra, ahora lo ven reducido ante la suba generalizada de precios. Pero no se trata de un impuesto formal, en el sentido de aquellos que deben pagarse ante una dependencia oficial, sino que se trata de una transferencia desde los tenedores de saldos monetarios hacia quienes los expandieron, aunque el impacto económico sobre quienes lo soportan es equivalente a un impuesto.

Se puede calcular la importancia de este "impuesto" a través de la cantidad de dinero en poder de los agentes, la tasa de inflación y referirlo al Producto Interno Bruto (PIB) para tener una idea de su importancia.

El Banco Central (BCU) divulga dos medidas de medios de pagos en poder de los agentes, el M1 y el M1 ampliado. El primero refiere al circulante fuera del sistema bancario en poder de los particulares y los depósitos a la vista, en todos los casos estamos hablando de pesos. La medida ampliada incluye a los depósitos en caja de ahorro.

El cálculo respecto al M1 muestra una relativa estabilidad a lo largo de los últimos años, equivalente al 0,6% del PIB (US$ 324 millones).

Para comparar con algún impuesto concreto que recaude la Dirección General Impositiva (DGI), es similar, aunque algo superior al Imesi que grava el tabaco.

Si se calcula respecto al M1 ampliado, en los últimos años ha fluctuado en torno al 1% del PIB (US$ 540 millones), similar al Imesi que grava a los combustibles.

Lo interesante del impuesto inflacionario, es que como tal no lo recauda nadie.

No obstante, quien emite dinero obtiene una ganancia asociada a la inflación, el denominado señoreaje.

La emisión de dinero permite obtener ingresos a quien lo realiza, ya que el costo de hacerlo es prácticamente nulo, pero le permite obtener rendimientos financieros o evitar costos.

Para quien emite, en Uruguay es el BCU, el señoreaje es el mayor poder de compra derivado de la expansión monetaria.

A diferencia de los particulares que sufren la pérdida de poder adquisitivo por que suben los precios, el emisor gana, ya que al momento de hacerlo todavía los precios no lo están haciendo. Al ingresar el dinero nuevo al mercado tiene un determinado poder adquisitivo, que va cayendo a medida que suben los precios.

Al igual que en el caso del impuesto inflacionario que penaliza a los tenedores de circulante, se puede calcular el señoreaje o ganancia del BCU.

Aquí los números cuentan una historia distinta, ya que en los últimos tiempos está cayendo. Influye aquí de manera decisiva el cambio en la política monetaria que de ser expansiva con tasas de crecimiento de la cantidad de dinero superiores al 20% anual hasta 2013, cayó a un dígito en los tres últimos años.

Como resultado de ello, el señoreaje también cayó del equivalente al 1,6% o 2,3% del PIB (US$ 864 millones o US$ 1.242 millones respectivamente) según se calcule en base al M1 o M1 ampliado, al 0,2% o 0,3% (US$ 108 millones o US$ 162 millones respectivamente) en el último año respectivamente.

Ahí otra ineficiencia de la inflación, la ganancia del emisor es inferior a la pérdida de los tenedores de medios de pago. Algo se pierde en el camino.

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