El proyecto es criticado por la oposición; Lorenzo y Calloia se beneficiarían.

Una ley con "nombre y apellido", así describe la oposición al proyecto que deroga el abuso de funciones. El texto tiene los votos del oficialismo para ser aprobado por lo que los procesamientos del exministro Fernando Lorenzo y del extitular del Banco República Fernando Calloia quedarían sin efecto.

La iniciativa presentada por el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), y firmada por los nacionalistas Guillermo Besozzi y Jorge Saravia, será sometida a votación hoy en la Comisión de Constitución y el 6 de junio se tratará en el Plenario de la Cámara. Si no hay votos para aprobarla hoy, el acuerdo que hicieron todos los partidos es que se eleve directamente a consideración de la Cámara.

El senador Luis Alberto Heber dijo a El País que el Partido Nacional no votará el proyecto de derogación, aunque están estudiando la posibilidad de presentar una alternativa "neutra" para modificarlo. "Todavía no hemos encontrado una fórmula. Así que si mañana (por hoy) lo someten a votación, y sin perjuicio que hay tiempo para analizar una modificación, vamos a votar en contra. Lo que queremos es que no sea con nombre y apellido; lo que nos preocupa es que quedan sin efecto los casos de los que están hoy procesados", señaló Heber en referencia a Calloia y Lorenzo, quienes fueron procesados sin prisión en 2014 por su actuación en el caso Pluna.

"Ellos hablan de (Walter) Zimmer. Nosotros no queremos hacer excepciones con nadie", señaló Heber. Además, consideró que esto "quizás pueda evitar que en el día de mañana" haya otros procesamientos, en alusión al caso Ancap que tiene como centro a la figura del vicepresidente Raúl Sendic.

Si bien entiende que "el delito en su generalidad está mal", opina que queda "un vacío jurídico" si se lo deroga. "Si existen todas las figuras posibles en el Código Penal, como dicen algunos, cabe preguntarse por qué se procesa por abuso de funciones", opinó el senador Heber.

Según explicó, incluso Besozzi y Saravia están alineados en no votar la derogación; pero son partidarios de buscar una solución. "No nos parece bien que quede igual, pero no queremos intervenir en lo que de alguna manera la Justicia ha definido. Acá hay gente del Partido Nacional que ha sido procesada, pero no pasa por salvar a los nuestros", acotó.

En ese marco, Heber dijo que teme que una derogación sea vista como una herramienta "para salvar a unos y otros de todos los partidos como si no existieran responsables".

La senadora suplente Cecilia Eguiluz (Partido Colorado) también opinó en los mismos términos que Heber, por lo que tampoco acompañará la iniciativa. "Vamos a votar en contra, no porque no consideremos que se pueda mejorar lo redactado como abuso de funciones; pero pensamos que no es la oportunidad ahora y no entendemos la prisa de hacerlo tampoco", señaló.

Para la legisladora, aprobar esta ley "es dar un mensaje contrario a todo lo que tiene que ver con legislar una normativa anticorrupción (...) Lo que nosotros entendemos es que no se debería legislar, de ninguna manera, con nombre y apellido", señaló Eguiluz.

En la opinión del senador Pablo Mieres (Partido Independiente) votar la derogación del abuso de funciones "es una pésima señal (...) Estamos para discutir este delito en el marco de un debate del Código Penal, tenemos críticas técnicas, pero nos parece horrible dar una señal que derogamos uno de los delitos que controla el accionar del personal político", señaló.

Según Mieres, al Frente "le va a salir caro derogar el abuso de funciones de forma aislada, porque la imagen que va a quedar es que quieren salvarse de futuras acusaciones". Entre ellas nombró a Ancap y los negocios con Venezuela. "Lo que me importa es la señal que pueda darse a la ciudadanía, me parece que es muy mala", acotó.

En tanto, el diputado Gonzalo Mujica consideró que si el abuso de funciones no se sustituye por otra figura "deja a los jueces sin instrumento legal para sancionar".

Además consideró que en el caso de los negocios con Venezuela (recientemente denunciados ante la Justicia) "habría posibilidades de determinar abuso de funciones".

El Frente Amplio rechaza lo que afirma la oposición sobre que la derogación del abuso de funciones "es con nombre y apellido (...) No lo es, siempre que se cambia una ley penal puede haber personas comprometidas. Pero si el delito es incorrecto, es gente con nombre y apellido inocente", afirmó a El País Michelini.

"Todos sabemos de personas que son inocentes e igual miramos para el costado", afirmó sobre Lorenzo y Calloia. Con respecto a los señalamientos en relación a Ancap, dijo que "el abuso de funciones no puede ser considerado un delito porque no es específico (...) Por lo tanto si en Ancap hay delito no debería ser por abuso de funciones y por lo tanto esa figura penal no debería estar", remarcó Michelini.

Fue procesado en abril de 2014 por el delito de "abuso de funciones" debido a su actuación en la concesión del aval para la subasta de aviones de Pluna. El exministro decidió no apelar el fallo y prefirió dar un paso al costado en su actividad política.

Al igual que el exministro Fernando Lorenzo, fue procesado por un delito de abuso de funciones. Fue el encargado de dar el aval a Cosmo de forma irregular. El Tribunal de Apelaciones revocó su procesamiento.

En marzo de 2014 fue procesado con prisión por un delito continuado de abuso de funciones al permitir el empadronamiento de vehículos contra lo dispuesto por el Congreso de Intendentes. Estuvo 70 días preso y luego fue excarcelado.

Juan Justo Amaro era presidente de OSE cuando fue procesado en 2010 por pagar viáticos a sus secretarios del organismo estatal. Debían estar en el interior para cobrar esos viáticos, pero se encontraban en Montevideo.

POLÉMICA POR INICIATIVA OFICIALISTA