Ministra busca respaldo en bancada del FA por los blancos.

Para poder explicar ante la bancada oficialista la realización de contrataciones directas a decenas de organizaciones de trabajadores o la entrega de dinero al contado, en ambos casos violando el Tocaf y la Constitución, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, culpó a la "lentitud" del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, dos de los órganos de contralor de la gestión del Estado.

La ministra Arismendi, la subsecretaria Ana Olivera, el director del Sistema de Cuidados del Mides, Julio Bango, y asesores se reunieron ayer con la bancada de diputados del Frente Amplio para analizar la próxima comparecencia de la jerarca ante la comisión de Población y Desarrollo de Diputados, convocada por el nacionalista Martín Lema, donde se le planteará una serie de irregularidades cometidas en los últimos tiempos por la cartera en relación con los programas denominados Cuidados y Calle, que se ocupan de atender a las personas con distintas vulnerabilidades.

Aunque no quiso hablar con los medios hasta comparecer en la comisión el jueves 1°, Arismendi confirmó ante su bancada que hay "muchas" observaciones a gastos del Mides, como las hay al resto de los ministerios. Explicó en detalle cómo el Mides distribuye el dinero que le asigna el Presupuesto para la atención de personas vulnerables.

Asimismo, criticó a los organismos de contralor por "un problema de velocidad" en la tramitación de su intervención ante los gastos señalados.

Dijo que "si esperamos que el Tribunal de Cuentas resuelva para poder iniciar el programa, llegará el invierno y la gente no recibirá nada", dijeron a El País participantes de la reunión.

En el Tribunal de Cuentas hay una participación de todos los partidos políticos, inclusive con mayoría del Frente Amplio.

En la reunión de bancada hubo coincidencias en que no se puede dejar de atender a las personas hasta que el Tribunal "resuelva" las cosas. Por eso se reiteraron los gastos.

En marzo pasado el Tribunal de Cuentas observó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides, que fueron hechas a efectos de brindar servicios de cuidados. Pese a esto la cartera decidió reiterar el gasto.

A su vez, en junio del año pasado el organismo señaló que la ministra Arismendi había autorizado el gasto de hasta $ 50.851.165 con el objeto de contratar instituciones que brindasen servicios de cuidados y educación infantil "a niños y niñas menores de tres años de familias beneficiarias de los programas prioritarios y otros programas sociales del Mides en zonas donde no se encuentran cupos disponibles en centros públicos".

Ahora, los mismos programas del Mides también fueron cuestionados por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en una intervención conocida recientemente.

De acuerdo con el informe, al que accedió El País, en los contratos de los programas Cuidados y Calle se ha detectado la existencia de "falta de transparencia" en las contrataciones directas, "controles insuficientes", "debilidades" para asegurar que los prestadores del servicio "cumplan".

También se constató la "pérdida o sustracción de bienes" en los lugares donde se prestan los servicios, lo que "no permite asegurar la confiabilidad de los gastos, lo que implica un elevado riesgo de manejo inadecuado de los recursos".

Hace casi un año, la diputada nacionalista Gloria Rodríguez interpeló a la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi por la decisión de cerrar el Instituto para Ciegos Tiburcio Cachón y trasladar a sus internos a otro lugar. Esta vez, tras la reunión que la ministra sostendrá con la comisión de Población y Desarrollo de Diputados, si las explicaciones no conformaran, podría terminar en otro llamado a responsabilidad política por parte del legislador Martín Lema.

El diputado nacionalista quiere impulsar una auditoría externa del Mides. La ministra Marina Arismendi "recurre permanentemente al abuso de discursos sensibles para evitar explicar los criterios de contrataciones directas que contienen varias irregularidades, según los informes del Tribunal de Cuentas", dijo Lema.

"¿Por qué tanto misterio para explicar el criterio del Mides para contratar en forma directa con violación de la normativa? ¿Hay amiguismo? ¿Se contrata por vínculos familiares con Arismendi?", preguntó.

En el caso del Cachón, varias decenas de usuarios del Instituto estuvieron más de un mes ocupando las instalaciones en rechazo al traslado porque entienden que la ubicación y la accesibilidad no son las adecuadas para personas ciegas. Desde el Ministerio se informó que con el traslado al Instituto Artigas lo que se busca es aprovechar mejor los recursos, porque el local del Tiburcio Cachón es privado.

DANIEL ISGLEAS

CUESTIONAMIENTOS AL MIDESDANIEL ISGLEAS