Llamarán a la Junta Departamental a responsables de área.

Al menos dos ediles nacionalistas presentarán pedidos de informes por una licitación que realizó la Intendencia de Montevideo y que llevó a que una empresa comprara un inmueble en US$ 750.000 en Brazo Oriental y dos días después lo vendiera a la comuna en US$ 1.490.000. La compra fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la República entre otros motivos porque el pliego de condiciones era "en extremo detallista", según expresó en el dictamen al que accedió El País.

"Claramente llama poderosamente la atención el hecho de que en 48 horas se realizó la transacción", dijo a El País el edil del grupo Todos de la lista 404 Diego Rodríguez Salomon quien hoy hará un pedido de informes al respecto.

"Voy a citar a los directores del área para que aclaren lo sucedido porque tenemos una intendencia con un déficit importante, no hay obras, se endeuda a 20 años y esto ahora demuestra un despilfarro; esto es irresponsabilidad pura que tiene que tener consecuencias", afirmó.

En el pedido de informes que presentará hoy, el edil cuestiona cuándo la Intendencia de Montevideo decidió comprar un inmueble, cuál era el destino del inmueble por el cual se realizó la licitación abreviada para la adquisición del bien, quién dispuso la necesidad de proceder a la compra del inmueble por el cual la IM pagó US$ 1.490.000, qué empresa fue la que vendió a la IM el inmueble mencionado, cuál era la procedencia del inmueble que compró la IM, quiénes fueron los funcionarios que elaboraron el Pliego de Condiciones. También se consulta si previo a la compra del inmueble, la intendencia solicitó la tasación del inmueble por parte del Equipo Técnico Catastro y Avalúo y si concurrió al lugar un técnico a efectos de corroborar las características del bien inmueble.

Asimismo se solicita una explicación de parte de la intendencia de cuál fue el motivo por el cual no cumplió lo dispuesto por la Ley 9515 por la que tiene que dar cuenta a la Junta Departamental de la compra. El propio Tribunal de Cuentas en su dictamen recordó que dicha ley establece que compete al intendente adquirir terrenos y edificios para oficinas o mandar construir edificios nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Departamental. "No consta que se haya cumplido ese paso", dice la resolución.

El edil de Alianza Nacional Javier Barrios Bove también informó que hará un pedido de informes. "Llegaremos hasta el hueso. Es grave lo que denuncia el Tribunal de Cuentas", escribió en su cuenta de Twitter.

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