El fiscal Leonardo Morales considera que tienen razón los alrededor de 400 funcionarios judiciales que recurrieron por inconstitucional el artículo 733 de la Ley de Presupuesto que establecía que los reclamos contra el Estado por asuntos salariales no podrían cobrarse hasta que fueran incluidos en una nueva ley presupuestal o en una Rendición de Cuentas.

El pronunciamiento del fiscal hace presumir que la Suprema Corte de Justicia se manifestará a favor de la inconstitucionalidad ya que debe considerarse, además, que el máximo órgano judicial por unanimidad ya se pronunció en este sentido a raíz de un reclamo de una funcionaria de ASSE. Cuatro de los cinco ministros de la corte entendieron que el artículo presupuestal "vulnera los principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes", según consta en la sentencia.

Eduardo Silveira, secretario general del sindicato judicial, dijo a El País que el pronunciamiento de la Corte es muy positivo y augura un pronunciamiento similar respecto al planteo de los judiciales que están desde 2010 reclamando la actualización de sus salarios luego de que en el presupuesto de ese año se aprobase el "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de la corte y del Estado.

La Corte estará conformada para analizar el punto por magistrados designados por sorteo provenientes de distintos tribunales de apelaciones porque los de la Suprema Corte de Justicia se excusaron.

El sindicato calcula que a esta altura la deuda acumulada es de US$ 60 millones y que la actualización salarial del 13,5% que reclaman implicaría otros US$ 20,5 millones.

Otra acción de inconstitucionalidad fue planteada por otros 3.000 funcionarios, en este caso aún no ha sido designado un fiscal pese a que el sindicato lo reclama desde noviembre pasado.

El gremio judicial continúa con sus acciones de protesta y hoy realizará paros sorpresivos. Además los funcionarios no están concurriendo a los cursos de capacitación para la puesta en marcha del Código Procesal Penal.

Una asamblea del sindicato rechazó en marzo una propuesta de pago del Poder Ejecutivo y desde entonces el diálogo no avanzó.

El presidente Tabaré Vázquez exhortó públicamente a los funcionarios judiciales a aceptar la propuesta de pago hecha por el gobierno.

INCONSTITUCIONALIDAD