Junta aprobó investigadora sobre licitación trunca de US$ 1,5 millones.

Con 30 votos en 30, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer la conformación de una comisión para investigar la compra de un inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, por US$ 1.490.000, negocio que finalmente Daniel Martínez dejó sin efecto por los cuestionamientos y la repercusión mediática que tuvo.

En su informe presentado en la pre-investigadora, la bancada del Frente Amplio expresó su voluntad de indagar el tema "a los efectos de despejar cualquier duda o sombra que se ha vertido a la opinión pública a través de los medios de comunicación, que dieron a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas antes de haber sido notificada la Intendencia, generando alarma con el propósito de lesionar la gestión del gobierno departamental, que ha venido in crescendo y que ha bogado desde el inicio por la transparencia, la rectitud y la ética política en la gestión".

También durante la sesión plenaria de ayer de la Junta, la coordinadora de la bancada oficialista, Adriana Barros, dijo que el diario El País (que publicó la noticia y las observaciones del Tribunal de Cuentas) ha causado alarma pública al difundir la información del negocio que finalmente quedó trunco. A diferencia de sus ediles, el intendente Martínez cuestionó varias veces que la prensa se enterara antes que la Intendencia de los cuestionamientos del organismo de contralor, pero no objetó la labor de los medios.

Según el edil denunciante, Diego Rodríguez Salomón, hay varios elementos que refuerzan la teoría —insinuada por el propio Tribunal— de que los pliegos fueron redactados "a medida" para quien resultó ser el único oferente. Rodríguez anticipó que pretende convocar a comisión "a varias personas cuyos nombres figuran en el expediente".

"No nos caben dudas de que es un traje a medida. Por un tema económico en su momento no se hizo el negocio. Pero había un conocimiento exacto de cómo era el local. Y seis meses después tenemos esta operación en la que terceros hacen la compra por US$ 750.000, vendiéndole el local a la Intendencia 48 horas después por US$ 1.490.000. La comuna no mandó a un tasador al inmueble para ver si el precio era el correcto. El pliego coincide con los metrajes, los galpones y los garajes que la Intendencia quería", indicó el edil.

Según el fallo del Tribunal, "el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no sólo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto por ejemplo que se indica la cantidad de metros cuadrados que debe contar para Servicios Higiénicos, en el caso 100m2 para cada una de las reparticiones a las que se destinará el inmueble". En este sentido, el organismo de contralor advierte que "se presentó una única oferta, la cual cumple con todos los requisitos mínimos del pliego".

El Tribunal también destaca que "no consta que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor".

Si bien el Frente dio sus votos para la investigadora, en el informe que elaboró considera que el cuestionamiento de la oposición "responde a un impulso político, puesto que la investigación que solicita ya había sido dispuesta por el intendente, más allá de que no existió incumplimiento por parte de la Intendencia en lo que respecta a observar los procedimientos del Tocaf, ni en lo que refiere a lo dispuesto por la Ley Orgánica".

El documento, que lleva la firma de la edila Mariana Felártigas, anticipa que "las afirmaciones que realiza el edil (Diego Rodríguez) como fundamento de su solicitud, carecen de sustento y caen en el campo de las presunciones, conjeturas y especulaciones". En su calidad de miembro informante, Felártigas destaca que "en virtud de la coherencia y de la larga y rica tradición de nuestra fuerza política y con el compromiso de informar y ubicar este asunto a la luz de la ciudadanía, dándole el alcance que corresponde, tomaremos la iniciativa de proponerle al cuerpo que constituya una Comisión Investigadora".

"Acá tenemos un proceso licitatorio oscuro, engorroso, que contiene violaciones a normas de Derecho. Corresponde que determinemos con claridad cómo se sucedieron los hechos, cuáles fueron las irregularidades, por qué se ocasionaron y quiénes fueron los responsables", dijo el edil de la Lista 404 del Partido Nacional.

Según Diego Rodríguez, el plazo de 45 días para investigar, acordado con el Frente Amplio, es insuficiente. "Pedimos 120 días. Es mucha la gente la que debe venir a comisión, algunos están mencionados en el expediente", destacó.

"La bancada del Frente Amplio expresa su voluntad de instalar la Comisión Investigadora a los efectos de despejar cualquier duda o sombra que se ha vertido a la opinión pública a través de los medios de comunicación que dieron a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas antes de haber sido notificada la IMM", señala el informe del oficialismo firmado por la edila Mariana Felártigas. La legisladora agrega que eso "generó alarma con el propósito de lesionar la gestión del gobierno departamental, que ha venido in crescendo".

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

LA JUNTA DEPARTAMENTAL VA A INVESTIGARANDRÉS LÓPEZ REILLY