Magistrados, abogados, activistas, investigadores y el ministro de Defensa fueron amenazados de muerte si otro militar es procesado.

La investigación llevada a cabo por el departamento de delitos tecnológicos de la Jefatura de Policía de Montevideo logró identificar la computadora desde donde fue enviado el mail del autodenominado Comando Barneix, amenazando de muerte a 13 personas, según informó la fiscal Mónica Ferrero al portalSala de Redacción de la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

El mensaje fue enviado alcomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, al diario La República, al fiscal de Corte Jorge Díaz y a correos eléctrónicos viejos delos abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea.

La misivadecía que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista".

Las personas que figuran en la lista son el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal Díaz, la ex fiscal y actual directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze, la profesora y ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

El correo electrónico fue enviado a través de Tor, una plataforma que protege al emisor de la vigilancia a través de internet, por lo que es muy difícil conocer el origen de los correos.

Barneixfue, junto al general Carlos Díaz, integrante de una comisión interna del Ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez encomendó investigar sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura, durante su primer mandato (2005-2010).

En septiembre de 2015, fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974, durante la dictadura cívico-militar.

Cuando un policía llegó al lugar para conducirlo a la cárcel, Barneix, que estaba en compañía de su esposa, dijo que se cambiaría las chancletas por unos zapatos. Fue a su dormitorio y se pegó un tiro en la cabeza.

El abogado de la causa contra Barneix era López Goldaracena, quien también patrocinó la causa de los familiares de detenidos desaparecidos contra Gregorio Álvarez.

Guianze fue la fiscal que presentó el recurso contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El abogado de la causa era Errandoena.

Chargoñía es abogado del Observatorio Luz Ibarburu, en el que trabaja junto al brasileño Krischke (que reside en San Pablo) en el seguimiento de causas penales vinculadas a los delitos cometidos en la dictadura.

La italiana Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford que también ha llevado a cabo trabajos a través del Observatorio Luz Ibarburu, es autora del libro "¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes del Uruguay post-dictadura", editado por Debate, y también escribió un capítulo de "El negocio del terrorismo de Estado", de la misma editorial, sobre los delitos económicos y la participación de civiles en la dictadura.

Álvarez Petraglia, ex juez, patrocinó como abogado las denuncias de 28 mujeres, quienes aseguraron haber sido objeto de abusos en 1972 en el batallón Florida, lo que motivó el procesamiento de Héctor Amodio Pérez en 2015. Por el caso tuvieron que declarar los militares retirados Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez.

Joinet ha denunciado en Francia los delitos cometidos por militares durante la dictadura y participado de disertaciones en defensa de los derechos humanos en Uruguay.

Herrera, como funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ayudó a cientos de extranjeros que escapaban de la dictadura chilena de Augusto Pinochet y en Uruguay integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, para revocar la Ley de Caducidad.

Martínez Burlé fue la abogada que presentó la denuncia por la que luego fue encarcelado Juan María Bordaberry, el presidente colorado que en 1973 dio el golpe de Estado.

Fagúndez representó al tupamaro Jorge Zabalza en en una denuncia presentada en 2012 contra decenas de militares retirados y en actividad por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido en 15 centros de detención desde 1972 hasta 1985.

Desde hace varios meses se están investigando los archivos de inteligencia del FUSNA y se instaló una comisión parlamentaria para investigar el espionaje militar en democracia, con Menéndez y Díaz al frente de la cartera de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.

DICTADURA