Dudas en Brasil sobre la actuación de filial de Gaz de France.

La actuación de la filial de la francesa Gaz de France, Gaz de France Suez Latinoamerica Participaçoes —que tenía la mitad del consorcio GNLS al que se había adjudicado la obra de la regasificadora— será objeto de investigación por parte del juez Sergio Moro, según dispuso el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Así lo informó a El País el diputado blanco, Pablo Abdala. En concreto, el magistrado de Curitiba investigará la actuación de la empresa en una licitación que le fue adjudicada para construir una usina hidroeléctrica en el Estado de Rondonia en la que se presume que podrían haberse verificado pagos de sobornos. Esta empresa tenía el 50% del consorcio GNLS que iba a construir la regasificadora en Uruguay. El restante 50% era del grupo coreano Marubeni, pero el control del consorcio estaba a cargo de la firma francesa, recordó Abdala. En el marco de las "delaciones premiadas" de los ex directivos de la constructora Odebrecht, estos señalaron que esa compañía compitió con la filial de Gaz de France por la obra, pero que había una decisión firme de la entonces presidenta Dilma Rousseff de adjudicar la licitación a la empresa europea.

Ayer volvió a sesionar la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la regasificadora y, según Abdala, quedaron en evidencia contradicciones entre la Dirección Nacional de Hidrografía y la Administración Nacional de Puertos (ANP) y que la primera repartición, dependiente del Ministerio de Transporte negó haber tenido participación en la concesión del espacio marítimo ("álveo") al consorcio que iba a construir la obra. En una comparecencia anterior, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, también había negado que ese ente hubiese tenido responsabilidad. A juicio de Abdala, lo ocurrido evidencia que "no hubo rigor" en todo el proceso de diseño del proyecto y las distintas reparticiones involucradas "se excusan".

La obra está parada y su eventual reactivación dependerá de las conversaciones que el gobierno mantiene con la multinacional Shell. De concretarse, el proyecto seguramente será muy distinto al que el gobierno anterior impulsaba.

Paralelamente, Gas Sayago, la empresa propiedad de UTE y Ancap que iba a gestionar el proyecto, cerró 2016 con pérdidas por US$ 17 millones. La empresa está desmontando su estructura y realizando envíos al seguro de paro.

El sindicato de MontevideoGas, empresa que distribuye gas natural por cañería en Montevideo, insiste en la necesidad de que la obra se realice. Entiende que sin la obra está en riesgo la viabilidad de MontevideoGas y de Conecta, el consorcio que distribuye el gas en el interior del país.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA