Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de Salud Mental.

En 2025 no quedarán más clínicas psiquiátricas privadas, hospitales monovalentes (los llamados manicomios) ni las polémicas colonias (como la Etchepare). Y desde la noche del pasado miércoles, cuando se promulgó la nueva ley de salud mental, quedaron prohibidas las nuevas internaciones en este tipo de recintos y la apertura de nuevos establecimientos. Al menos en teoría, porque los legisladores votantes reconocieron que "el modelo se irá ajustando sobre la marcha".

Tras el acuerdo entre los senadores de los distintos partidos de darle tratamiento urgente a las modificaciones que habían incorporado los diputados, los 23 presentes convirtieron en ley un proyecto que había ingresado hacía 20 meses. La votación duró apenas siete minutos, porque ya estaban resueltos los cambios, pero resumía un pendiente que, sin distinción partidaria, reclamaban quienes trabajan en el área desde la salida de la dictadura, explicó el magíster en Salud Mental Nelson De León, representante de la Facultad de Psicología para esta normativa.

"En pocas palabras es un cambio en el modelo de atención: los hospitales psiquiátricos ya dejarán de ser los protagonistas en el trabajo con el sufrimiento y, en cambio, se pasará a un sistema integral en que los prestadores de salud se responsabilizan", resumió el profesor adjunto en el Instituto de Psicología Social.

Hubo un primer intento de normativizar que ingresó a estudio del Parlamento en 2007 y fue encajonada dos años después. Hasta que el 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo envió el mensaje que, con modificaciones, terminó aprobándose.

Uno de los cambios más debatidos fue el de fijar un plazo de cierre de las colonias psiquiátricas. Si bien es un detalle que debería fijar la reglamentación, los legisladores acordaron dejar por escrito el límite de 2025 para que "no se dilate más", dijo el diputado frenteamplista Luis Gallo.

Según el legislador, salvo detalles como estos, "las mayores discusiones fueron conceptuales, en especial si hablar de trastorno mental es estigmatizante o no". De hecho se quitó el término en la mayor parte de la redacción y se lo sustituyó por "usuario" de la salud mental. En varios de esos debates acompañó desde las barras un joven con una remera que decía: "Yo no me llamo trastorno".

Las organizaciones sociales que habían pedido ese cambio, también reclamaron que la comisión que controle el cumplimiento de la normativa sea independiente. "Así lo recomiendan los tratados internacionales desde 1991 y por eso se viene criticando a Uruguay", explicó De León. Sin embargo, la delegación será honoraria y dependiente del Ministerio de Salud.

Los críticos sí lograron que los días de internación máximos en que se hace cargo un prestador no tenga límites. Hoy una mutualista solo permite hasta 30 días al año de hospitalización a su costa. Desde ahora, señaló Gallo, "no hay límites, y luego de los 30 días se deberá dar aviso a la Dirección Técnica para evaluar el seguimiento".

La normativa resuelve además el debate de internación compulsiva. Esta será posible si hay "riesgo inminente de muerte" de la propia persona o de un tercero. Luego se habilitarán casos excepcionales, dijo el diputado, como quien está por cometer un hecho del que se arrepentirá por estar en crisis".

La salud mental arrastra una histórica lucha de poder entre la visión médica y la de otras disciplinas, como la psicología o la asistencia social. Esta puja dijo presente en la discusión de la nueva ley y algunos actores criticaron que el alta de internación deba ser con la firma del psiquiatra.

Como forma de subsanar esta disputa, dijo el diputado Luis Gallo, en la reglamentación "se establecerá que el paciente tendrá que asistir a un equipo interdisciplinario a las pocas horas de recibir el alta médica, puede ser a las 48 o 72 horas".

La medida requerirá que haya psicólogos de guardia en cada prestador de salud, "algo que hoy no existe porque solo hacen policlínica", señaló el legislador. Eso no significa que "estén faltando psicólogos". Uruguay es uno de los países con más de estos profesionales per cápita: hay uno por cada 365 habitantes. ¿Son suficientes? Para eso falta: "En Argentina la reglamentación demoró tres años", concluyó el profesor Nelson De León.

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