COMISIÓN INVESTIGADORA

Exdirector deberá declarar ante situaciones de “corrupción”. El 25 de setiembre está convocado el directorio actual del organismo, incluyendo a su presidenta, Susana Muñiz.

Le llegó el turno a la Administración de los Servicio de Salud del Estado (ASSE). Ayer comenzó a funcionar la quinta comisión investigadora en lo que va de esta Legislatura. Y todos los lunes a las nueve de la mañana, a partir de ahora, un grupo de nueve diputados intentará desentrañar las presuntas irregularidades en el prestador público desde 2008; algunas con "fuerte impronta de corrupción", dijo el legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien fue el promotor de la iniciativa.

Alfredo Silva, exdirector de ASSE en representación de los trabajadores y expresidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), será uno de los citados a declarar. El ex líder sindical había sido procesado sin prisión en junio de 2014 y más de un año después destituido de su cargo en el organismo por sobrefacturaciones mediante la empresa de limpieza Buena Estrella.

En la primera reunión de la investigadora —que lleva el título: "Gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa"—, el diputado nacionalista Martín Lema solicitó la comparecencia de los directores sociales y no solo de los hombres de confianza del Poder Ejecutivo. El 25 de setiembre está convocado el directorio actual del organismo, incluyendo a su presidenta, Susana Muñiz, y el lunes siguiente, 2 de octubre, será el turno del quinteto anterior.

El diputado Rubio brindará un resumen, el próximo lunes de los puntos a tratar en las siguientes sesiones. Para que sea más efectiva la dinámica, la comisión decidió ayer que el proceso esté dividido en dos bloques, según unidad ejecutora.

El Hospital de Bella Unión será el primero en ser investigado. Como informó El País, el exdirector de la institución había sido sancionado por vender servicios de traslado en ambulancia comunes y especializados al hospital mientras se desempeñaba en el cargo, además de haber realizado contrataciones directas para estudios médicos. De los $ 5.132.000 facturados por empresas tercerizadas en julio de 2014, $ 1.964.300 habían sido observados por el Tribunal de Cuentas.

Las contrataciones apartadas de la normativa, según se supo hasta el momento, dieron inicio en 2013. Pero la empresa de traslados, Siemm, fue inaugurada en 2011. Algunos de los que han desfilado por el hospital artiguense desde entonces, y que con seguridad serán llamados al Parlamento, hoy ocupan cargos jerárquicos en otros nosocomios del país (en el Pereira Rossell y en Salto).

En este primer bloque de indagaciones, los legisladores también abordarán los casos de Mercedes y Dolores; Rivera y Cerro Largo.

Estos dos últimos hospitales cuentan con recientes bajas en sus máximas jerarquías. En junio había renunciado el director del Hospital de Cerro Largo, Andrés Rodríguez. En este centro de salud, el gasto de la publicidad pasó de $ 18.700, en 2008, a $ 1.600.000 nueve años después. También hubo un incremento de la contratación de servicios médicos, aumentando de $ 307.000 a $ 16 millones en el mismo período.

El caso de Rivera fue la última caída, cuando el 23 de agosto el directorio de ASSE cesó al director Andrés Toriani. El jerarca había destinado $ 48 millones, provenientes del rubro "estudios médicos", a contrataciones de personal y complementos de salarios. Es decir: un dinero que fue pensado para gastos de funcionamiento terminó en retribuciones a funcionarios médicos y no médicos.

La comisión que preside Daniel Radío (Partido Independiente) e integra Cecilia Bottino (Frente Amplio) analizará en un segundo bloque el Hospital de Ojos y el Hospital de Colonia, las colonias psiquiátricas y la división Arquitectura.

Sobre esta última unidad, recae el incumplimiento de los registros contables de la Comisión de Obras, la falta de inscripción de algunos proyectos en el BPS, contrataciones fuera de la norma, el Centro de Lavalleja "no cumple con el depósito de dinero en bancos oficiales", entre otros errores.

El diputado Martín Lema (Partido Nacional) presentó ayer la documentación que confirma la contratación de un jefe de comunicación para el Hospital Pasteur y que se había dado al mismo tiempo que la persona se desempeñaba como "asesor de comunicación política" del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Según informó el sábado El País, el Tribunal de Cuentas había detectado la irregularidad y observado el gasto. La directora del Pasteur, Loreley Martínez, es militante del sector de José Mujica. En agosto de 2015 firmó un "contrato de asesoramiento en comunicación" con Marcel Lhermitte, que, en teoría, iba a durar tres meses. Pero se extendió, al menos, a diez. E incluso ingresó a trabajar en el puesto antes de que ASSE tomara la decisión, según se demuestra en un correo electrónico que envió la secretaría de dirección del Pasteur a la sección compras.

El contrato era por $ 90.000 mensuales más IVA, lo que quedaba en $ 109.800.

Lhermitte sostuvo que ya no se desempeña en el MPP y que tampoco lo hacía en el momento que fue contratado por el Pasteur. Distinta es la versión que figura en su perfil de Linkedin.

"El directorio ya sacó una resolución por la que no se puede contratar más a nadie por el tema de comunicaciones, solo a los que tienen un contrato vigente", explicaron desde ASSE.

Aún se desconoce en qué bloque ingresará el tema para el análisis de la comisión.