Revelan que 1.300 personas en Montevideo ejercen el trabajo sexual de forma clandestina. Por violar la resolución de clausura debe pagar más de 1.400.000 pesos

Un estudio de la Asociación de Empresas del Sexo (AES), que integran 11 prostíbulos de Montevideo, revela que en la capital hay "no menos de 500 locales no habilitados funcionando con fines de trabajo sexual".

En estos sitios, en su mayoría apartamentos privados, trabajan unas 1.300 personas.

A estas conclusiones llegaron tras el análisis de 14 sitios web en donde aparecen mujeres que ofrecen servicios sexuales. Llamaron por teléfono y corroboraron lugares donde ofrecen el servicio. También detectaron sitios web destinados a la oferta de trabajo sexual que aportaron información para llegar a este resultado.

Los integrantes de la AES realizaron un reclamo en noviembre del 2016 a Inspección General de la Intendencia de Montevideo en el que piden "la clausura o regularización" de estos recintos.

Uno de los dueños de los prostíbulos legales, quien prefirió mantener su anonimato, aseguró a El País que mensualmente adolescentes menores de edad golpean la puerta de su local pidiendo para trabajar. A todas les dice que no. Y suele preguntarse: "¿A dónde van esas mujeres? Creo que terminan en este tipo de lugares". "La actividad clandestina genera más clandestinidad", apuntó.

Esta situación ya ha sido alertada por algunas organizaciones no gubernamentales. "La gran mayoría de las redes de trata de personas operan en lugares clandestinos. De día funcionan en lugares comunes y corrientes y después se convierten en una cantina o bar donde hay explotación sexual", apuntó Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, que defiende los derechos de los niños especialmente afectados por abuso sexual.

La prostitución es legal en Uruguay. Siempre y cuando aquellos trabajadores estén inscriptos en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día. Hasta hoy son 227 las personas registradas.

Según la ley 17.515, son las intendencias las que establecen las zonas donde se puede instalar un prostíbulo. La normativa aclara, además, que ningún local donde se ejerza el trabajo sexual podrá funcionar sin la autorización de la Jefatura de Policía correspondiente. "Una habilitación te puede demorar entre seis meses y dos años", aseguró el dueño de uno de estos locales.

En Montevideo, la comuna exige que los prostíbulos se ubiquen como mínimo a 200 metros lineales de distancia de establecimientos como centros de enseñanza públicos o privados, centros religiosos, salas velatorias, hospitales, sanatorios o policlínicas.

También están prohibidos establecerse a menos de 50 metros de organizaciones de beneficencia, oficinas del Estado o departamentales, comisarías y cuarteles o establecimientos deportivos, salas de espectáculos, shoppings, o que haya otro establecimiento similar ubicado en la misma manzana.

El digesto municipal aclara que las habitaciones deben tener un bidet y un lavabo "aporcelanado".

La rentabilidad es el motivo de la proliferación de sitios web que promocionan esta actividad. El dueño de uno de estos locales confesó que ha llegado a pagar 200.000 pesos de impuestos. "Con toda esa plata se podría alquilar 10 apartamentos", argumentó.

Los prostíbulos inscriptos en la Intendencia reciben controles una vez por semana del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Bomberos o de la propia Intendencia. "A nosotros nos han dicho que hay una telaraña. Pero a estos prostíbulos clandestinos nadie les dice nada", agregó el dueño de este local.

La Intendencia de Montevideo cuenta con 34 prostíbulos habilitados. El listado lo lleva el Sector Hoteles, Pensiones Inquilinatos y Afines de la comuna. De hecho, en el digesto puede haber multas, clausura temporaria del establecimiento por 180 días y clausuras definitivas.

No obstante, la ley indica que "es competencia del Ministerio del Interior" evitar "perjuicios a terceros y preservar el orden público".

De hecho, en junio del año pasado un vecino de la ex directora de la Contaduría General de la Nación, Laura Remersaro denunció la existencia de un prostíbulo clandestino en el apartamento que arrendaba. Cuando la Policía acudió al lugar, las mujeres se habían ido.

"Si no denuncian las personas de que hay una casa que no cumple (con las exigencias de un prostíbulo), el Ministerio del Interior no puede actuar. Se actúa en base a denuncias", comentó Cecilia Erhardt, subdirectora de la División Políticas de Género de esa cartera.

El año pasado, la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual realizó un operativo para corroborar el estado de los prostíbulos, que no abarcó a los clandestinos.

La Intendencia de Montevideo multó el pasado 13 de febrero al prostíbulo ubicado en Monte Caseros 2796 por violación de clausura y por duodécima vez. Por este motivo, el local debe pagar 1.492.510 pesos (unos 52.000 dólares).

"El Servicio Central de Inspección General (de la Intendencia) señala que en inspección realizada (...) se constató una nueva violación de la clausura dispuesta, razón por la cual solicita la aplicación de una multa de 135 unidades reajustables", detalla la resolución firmada por el intendente Daniel Martínez y por el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch. Solo esta multa es de 133.259 pesos.

El prostíbulo, que fue autorizado a instalarse por la IMM en agosto de 2004, logró las habilitaciones de Bomberos, la Jefatura de Policía de Montevideo y del área de Habilitaciones de Locales Industriales y Comerciales de la comuna.

A partir del 2012 empezaron a dictaminarse una serie de resoluciones contra el prostíbulo: ese año, la Intendencia lo intimó a presentar en varias oportunidades documentación necesaria para que pudiera seguir operando. Como no fue presentada, en agosto la administración de Ana Olivera resolvió la clausura del local, ubicado en el barrio La Blanqueada, a pocas cuadras del Parque Central.

Desde allí, y hasta febrero de 2017, la comuna resolvió aplicarle 12 sanciones por violación de clausura.

La primera fue de 54 unidades reajustables. Como este pago no se concretó, se le aplicó otra de 84 y otras 10 multas consecutivas de 135 UR, que totalizan ese monto millonario.

La Asociación de Empresas del Sexo indica que en Montevideo había varios prostíbulos que estaban habilitados pero, por motivos de rentabilidad económica, decidieron pasarse a la clandestinidad. En algunos casos continúan funcionando en los mismos lugares donde operaban, y en otros, en apartamentos privados.

Las trabajadoras sexuales de los prostíbulos se realizan controles médicos con periodicidad. Según contó uno de los dueños, una vez por mes tienen consulta con el ginecólogo. El País informó el año pasado que el Ministerio de Salud Pública registró aumentos de controles de 2.150 a 2.544 de 2013 a 2014, una cifra que contribuyó a reducir la morbilidad de VIH de los consultados.

El año pasado esta cartera habló de la necesidad de que los equipos de salud uruguayos sean capacitados para atender casos de abuso o explotación sexual comercial en niñas, niños, adolescentes y adultos.

"Es compromiso del ministerio avanzar en un abordaje integral de la salud de varones y mujeres trabajadores/as sexuales, atendiendo las situaciones de vulnerabilidad que rodean a algunas de estas personas y poblaciones", informó a través de un comunicado.

JUAN PABLO DE MARCO

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