El régimen amenaza a los que se sumen al paro de hoy de la oposición.

Nicolás Maduro lanzó una cacería de opositores que en su opinión están conspirando con Estados Unidos para derrocarlo. Maduro anunció lo que llamó "plan especial de justicia de emergencia" para capturar a los "conspiradores". El presidente hizo el anuncio desde el palacio de Miraflores luego de una reunión del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) que activó para "defender el decoro" del país ante una supuesta "amenaza imperial".

En este plan para perseguir a opositores participan el Tribunal Supremo de Justicia, la justicia militar, el ministro del Interior, Néstor Reverol, y la vicefiscal general rechazada por la Fiscalía, Katherine Harrington.

Según Maduro, el plan especial comenzó ayer miércoles "para la búsqueda y captura de todos estos conspiradores y para el castigo ejemplar".

Esta es la reacción de Maduro al anuncio de la Casa Blanca de que estudia "fuertes y prontas" sanciones económicas al gobierno de Venezuela de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección está prevista para el 30 de julio.

La organización de derechos humanos Venezuela Awareness advirtió que el plan anunciado por Maduro va a dar lugar a "una atroz persecución de la oposición". Venezuela Awareness dijo que esta iniciativa esconde la creación de un "sistema de justicia paralelo" que pondrá a la oposición en "total indefensión jurídica", porque se trata de "tribunales especiales a la medida del dictador".

Para llevar adelante este plan, Maduro cuenta con el apoyo de los militares, a quienes el presidente les ha otorgado gran poder político y económico. Ese apoyo ha resultado clave en medio de la devastación económica y las protestas de la oposición para sacarlo del poder, que dejan 97 muertos desde el pasado 1° de abril. El hombre clave aquí es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, una suerte de "superministro" a quien responden los demás miembros del gabinete del régimen chavista.

Las empresas que decidan sumarse al paro convocado para hoy jueves por la oposición serán sancionadas, advirtió el ministro de Trabajo, Néstor Ovalles. "Un cierre que no esté ajustado al procedimiento de la ley, acarrea sanciones", declaró Ovalles. El funcionario aseguró que su despacho no desea establecer sanciones o multas a empresas, pero aseguró que "en el momento que tengamos que aplicarlas, con riguridad, energía y carácter, lo haremos".

La oposición, en tanto, descartó una "cacería de brujas" contra el chavismo si logra sacar a Maduro del gobierno, al delinear ayer miércoles lo que sería su brújula de gobierno. La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consignó en un documento su "compromiso sagrado de respetar a quienes piensen políticamente distinto", por lo que, dijo, "nunca habrá retractación, discriminación ni persecución".

"No viene una persecución ni cacería de brujas, pero tampoco se puede plantear que los violadores de derechos humanos van a estar libres", señaló Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.

La MUD está integrada por una treintena de partidos que abarcan un amplio espectro ideológico.

En la hoja de ruta, la coalición convino además que su candidato para las presidenciales —pautadas para diciembre de 2018 pero que cree deben adelantarse— será elegido en primaria y se comprometerá a no buscar la reelección.

En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció ayer ante el Senado de Estados Unidos el "colapso de la democracia" en Venezuela y subrayó que el gobierno de Maduro está conformado por "una estructura de narcotráfico". Almagro testificó ante el subcomité para Latinoamérica del Senado, donde calificó a Venezuela como el país "más corrupto del continente". "No se trata de desmontar una dictadura y volver a la democracia, sino de desmontar toda una estructura de narcotráfico en el Estado", aseguró Almagro.

El senador republicano por Florida Marco Rubio, presidente del subcomité, calificó a Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, como "el Pablo Escobar venezolano".

La cúpula militar prometió defender la elección de la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, a quien reafirmó su lealtad frente a las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones económicas. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada reconoce el "carácter legítimo" de la Constituyente, y que "por ello los soldados se desplegarán el 30 de julio a lo largo y ancho del territorio nacional (...) para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto de los venezolanos".

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