El gobierno no tiene ninguna propuesta nueva sobre la mesa como para ni siquiera discutir. En lo económico lo único visible es recaudar para repartir según quien grita más, y no hay planteada una sola discusión sobre la pertinencia del gasto.

Va llegando el momento de exponer los elementos comunes a muchas acciones de gobierno, solo en apariencia desconectadas entre sí. Uno de ellos es la incompetencia, el otro —mucho más grave— el agravio al estado de derecho. Para la incompetencia general cabe señalar la falta de agenda tanto como la ineptitud para ejecutar y administrar. En efecto el gobierno no tiene desde hace ya tiempo ninguna propuesta nueva sobre la mesa como para ni siquiera discutir. En lo económico lo único visible es recaudar para repartir según quien grita más, y no hay planteada una sola discusión sobre la pertinencia o legitimidad del gasto. En materia internacional no hay ninguna transformación sobre la mesa, como tampoco la hay ni en lo agropecuario ni en lo industrial. Y en cuanto a la incompetencia para administrar, es bien conocida por sus resultados en Ancap y Pluna, pero también se destaca esta ineptitud por ejemplo en este sainete de la marihuana, propiciada por ley pero imposibilitada de ejecutarla: pura improvisación. Así las cosas no puede llamar la atención que la reforma del Estado —la madre de todas las reformas la llamaron— o la de la educación, no tengan después de 15 años ni siquiera algún enunciado. O que los PPP lleven años, o que la inversión en infraestructura siga esperando.

Con todo, si la incompetencia es notoria, no es menos grave el agravio sistemático al estado de derecho y al bien supremo de la libertad individual que su cuidado debe propiciar. Es conocida la apoteosis del agravio al derecho concretada cuando la expulsión de Paraguay del Mercosur para dar ingreso a Venezuela, en tanto Mujica señalaba la preeminencia de lo político sobre lo jurídico. Pero no fue solo un chascarrillo verbal del Pepe concretado en esa intervención de política exterior. En efecto todo el episodio de Pluna o del Fondes evidencian entre otros este objetivo: el de lograr un supuesto bien social más allá de las normas. Y así ocurrió también con Ancap, empresa que se dedicó a implantar "su" socialismo, con su propia política de tierras, política internacional, política energética, política agrícola, etc., todo por fuera de su función fundacional y perdiendo 600 millones de dólares, con un nuevo monopolio de hecho como lo fue el de los biocombustibles que hoy no se sabe cómo administrar.

Consistente con esta consideración baja para con el sistema de reglas aparece también la ley de inclusión financiera que viene suscitando nada menos que un plebiscito en su contra, apoyado por una sorprendente cantidad de organizaciones del interior así como de notorias figuras políticas. Más allá de la pertinencia de su realización, cabe subrayar que lo ocurrido con esta ley resume muy bien el enfoque oficial de los problemas. En efecto, impulsar esta ley en localidades donde no se puede cumplir es incompetencia; pero obligar a utilizar un medio de pago, un agravio a la libertad de la gente. Esto último es claramente lo más grave aunque sea ya una costumbre que se reitera con una frecuencia inusitada. Tenemos en carpeta nada menos que el artículo 15 del proyecto de rendición de cuentas, inconstitucional para todos los que han sido consultados, no solo por generar un problema de independencia de poderes, sino por cuestionar el principio de igualdad —unos cobran, otros quién sabe— y por poner cortapisas a la obligación de pagar por parte del Estado, que es un capital del país, como bien lo subrayó un ex gerente del Banco Santander en reportaje a este diario. Y aparece también la reforma de la ley de zonas francas, calificada también de inconstitucional por modificar unilateralmente condiciones de contratos vigentes.

Pero el problema es que todos estos errores se los asocie a la incompetencia o a la falta de reflejo institucional de algún jerarca en particular, y no en cambio al del partido que suministra el denominador común de todas estas acciones, el partido de gobierno. Es tal cual el caso de Sendic: el gobierno podrá querer quitárselo de encima, pero fue el que lo nombró en Ancap, en el Ministerio respectivo, y vicepresidente de la república. Es como querer disociar un área más ilustrada del gobierno —Astori, Sendic— del resto, más numerosa y menos presentable. No es posible. Son lo mismo, con más o menos modales. Cuidado pues con los planteos oficialistas que quieren tomar distancia de algunas áreas del gobierno, para relanzar su mismo partido como si no tuvieran nada que ver. Porque el balance global ha empezado.

EDITORIAL