El Sunca debería parar al gobierno porque con los topes anunciados simplemente no habrá proyectos nuevos, no solo por su monto, sino especialmente porque todos sabemos que cuando se empieza a toquetear alquileres, nadie sabe cómo se termina.

El gobierno acaba de cometer un error mayúsculo al profundizar en su nueva política para la vivienda social. Se trata de un error que no solo ya está teniendo repercusiones en la inversión en la construcción, sino que su efecto pernicioso se va a extender al resto de la economía, ya que el mensaje implícito para los agentes económicos es muy grave. En efecto se trata de cambiar las reglas de juego comprometidas haciéndolo durante la marcha, y hacerlo con un sentido no ya de mínimos ajustes sino de transformación total del enfoque. Cualquier empresa que quiera hacer un negocio teniendo presente el marco de políticas públicas, deberá incluir en su cálculo una prima de riesgo muy alta: la que cubra los cambios irresponsables de la política en plena ejecución.

Como es de conocimiento, el gobierno promovió un buena ley, la 18.795, conocida como la ley "de vivienda de interés social". Era una buena iniciativa que estableció una serie de estímulos para que los desarrolladores de proyectos se lanzaran a construir, y también mecanismos financieros para que los potenciales compradores de esas viviendas pudieran adquirirlas. La ley se proponía objetivos explícitos tales como el acceso a la vivienda nueva en mucha gente, así como la promoción de la construcción. Pero tenía otro objetivo implícito, que era promover un dinámico mercado de arrendamientos a través del aumento de la oferta de viviendas con ese objetivo. A la larga —estas leyes solo se pueden evaluar a la larga— habría más viviendas nuevas para muchos compradores, más viviendas usadas libres para vender, mayor oferta de alquileres de vivienda nueva ofrecidos por inversores, y su corolario que el gobierno no ve, que es el aumento consecuente también de la oferta de vivienda usada para arrendamiento. La política confió cien por ciento en mecanismos de mercado para lograr su propósito: generar el estímulo a arrendar, para que de él derivara el estímulo a invertir para renta; y generar a la larga —después de un período de arrendamientos relativamente altos— una reducción de los mismos por aumento de la oferta y no por toqueteos. La buena ley suponía mecanismos que en el tiempo, después de fomentar inversiones en aumento de oferta, llegarían a los más vulnerables.

Pero el gobierno se asustó, porque evidentemente una política de estímulo basada en mecanismos de mercado no está en su ADN socialista. En primer lugar, tuvieron problema con la nominación como de interés social, que no quiere decir viviendas populares o para gente de bajos recursos, la que se debe beneficiar en un tiempo posterior. En efecto, tiene que tener su buena plata para el pago inicial y una capacidad de cuota no tan baja. Por otra parte, el ADN socialista se ve que no puede tolerar que se otorguen beneficios a empresarios que luego van a arrendar a precios de mercado libre. Ahí viene el susto; cómo le van a dar beneficios a prominentes capitalistas que construyen viviendas que no son para pobres —es más, son espectaculares— y que luego alquilan a precios libres. La miopía no deja ver los beneficios que vienen luego y que ya se estaban conociendo: una creciente oferta de vivienda nueva con el consecuente aumento de oferta de vivienda usada, una expectativa de ganancia ya sea vendiendo o alquilando las viviendas nuevas, y un mercado de arrendamientos más dinámico. Pero no; se optó por topear los precios de los alquileres como tantas veces en el pasado. Se dirá que es solo para la vivienda promovida, que solo es para algunas viviendas, pero la realidad es que se empezó a tocar por politiquería el precio de los arrendamientos como ayer, como anteayer, agraviando la voluntad de construir para hacer dinero ya sea vendiendo, ya sea alquilando. El Sunca debería parar al gobierno porque con los topes anunciados simplemente no habrá proyectos nuevos, no solo por su monto, sino especialmente porque todos sabemos que cuando se empieza a toquetear alquileres, nadie sabe cómo se termina.

Y por otra parte, la señal de política para nuestra seguramente difícil inversión futura es inconfundible: el marco de política, aun de base legal, se puede cambiar si las necesidades políticas lo determinan, modificando reglas de juego comprometidas. Algunos actúan como si el mundo y también los uruguayos estuvieran desesperados por invertir en Uruguay. Pero no es así; además de ser éste un infierno tributario, se empezó a debilitar el atributo de la estabilidad, de la seriedad. Y entonces cabe recordar que el mundo quedará cada vez más lejos, en tanto Paraguay, por ejemplo, quedará cada vez más cerca; ya lo saben los rurales, y también crecientemente los desarrolladores inmobiliarios.

EDITORIAL