EDITORIAL

Los rapiñeros andan sueltos

Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia el 90% de las rapiñas no se aclara ni sus culpables son apresados. Esa afirmación es tan grave que debería causar una revisión de los procedimientos policiales en la materia.

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12 sep 2017

Es alarmante escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, cuando revela que más del 90% de las rapiñas que se cometen en nuestro país quedan impunes. Ese es un dato que no suele figurar en los optimistas informes del ministerio del Interior, sobre todo en los recientemente divulgados en donde sus autoridades se congratulan por el descenso en el volumen de rapiñas.

En Uruguay el total de rapiñas denunciadas —que no es lo mismo que perpetradas— oscila en torno a las 20.000 anuales. Según los últimos datos oficiales, en el primer semestre del año en curso ese tipo de delito ejercido con violencia habría caído en algo más de un 10% respecto a 2016. Este descenso es un vano consuelo si se considera que la inmensa mayoría de los rapiñeros no son detenidos y siguen delinquiendo.

En cualquier manual sobre criminalidad se lee que el mayor freno a la acción de los delincuentes es la sensación que se les debe crear sobre la alta probabilidad de que sean perseguidos y aprehendidos por la policía. Contrastando esa premisa con la afirmación de Chediak es imposible acompañar el creciente optimismo del ministro Eduardo Bonomi y su elenco, empeñados como están en cumplir con la promesa de campaña de Tabaré Vázquez de reducir en un 30% el total de rapiñas durante su mandato.

Mientras los rapiñeros sigan campando por sus fueros en las calles de Montevideo y Canelones, que son las más castigadas por esta clase de crímenes, costará mucho creer en las estadísticas ministeriales cuyos claroscuros arrastran una larga secuela de dudas y cuestionamientos. Si tan solo una minoría de rapiñeros termina entre rejas será difícil que se cumpla el objetivo presidencial por más anuncios triunfalistas que se sigan haciendo.

Entre esos anuncios resaltan las referencias al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) puesto en práctica hace más de un año. Es un programa que moviliza a cientos de funcionarios policiales dedicados en exclusiva a la prevención y represión del delito con atención especial a ciertas zonas y horarios "calientes". Es innegable que han mejorado los resultados con este refuerzo de la acción policial acompañado de un análisis de los puntos y horarios de concentración de las rapiñas. Eso no justifica echar las campanas a vuelo para alentar la idea de que la promesa gubernamental se tornará en realidad cuando se está lejos de ello.

Ahí está la afirmación de Chediak, un jurista serio y responsable que desde la Suprema Corte señala su inquietud por las facilidades que encuentran los rapiñeros en sus correrías por la ciudad. Si le prestaran atención a su llamado las autoridades policiales podrían tomar algunas iniciativas. Una de ellas sería entregarle a los agentes del PADO una lista de eventuales sospechosos más amplia y detallada que la que manejan en la actualidad. Les bastaría para ello hacer consultas entre el vecindario de cada seccional para identificar a los autores de las rapiñas que suelen ser conocidos por sus potenciales víctimas. Un plan de pesquisas en donde lo esencial sería preservar el anonimato de los declarantes.

Que la gente puede auxiliar en esa tarea se evidencia cada vez que en los noticieros de televisión un damnificado por los rapiñeros declara resignado que sus agresores son gente de la zona, que todos saben quiénes son, que se mueven con libertad y que no hay forma de pararlos. Ese tipo de expresiones se oyen con una frecuencia que suena como una invitación a la policía para que recoja los datos y actúe. Se dirá que eso ya se hace, que algunos casos se resuelven a denuncia de parte, pero son la minoría como lo demuestra que los autores del 90% de las rapiñas, según Chediak, continúen delinquiendo sin temor a ser detenidos.

Ese porcentaje es tan alto que impone tomar medidas para bajarlo. La antes mencionada es una de ellas, pero hay otras iniciativas que pueden coadyuvar a limpiar las calles de rapiñeros, en su mayoría vinculadas a una mayor tecnificación policial, aspecto en el que se ha mejorado, especialmente con la instalación de cámaras de video, pero en donde aún falta mucho por hacer.

Aunque en el ranking latinoamericano Uruguay no está entre los países más flagelados por la rapiña, sus estadísticas son incomparables a las de los países desarrollados. Las 20.000 rapiñas anuales dañan la imagen del país, asustan al turista y al potencial inversor, al tiempo que constituyen una amenaza latente para los ciudadanos. Hay que tomar medidas no solo para prevenirlas y reprimirlas sino para atrapar a los culpables de más del 10% de las rapiñas.

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