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El sector lácteo y los impuestos

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En tiempos de “vacas gordas” el gobierno aumentó la presión tributaria sobre la producción, se mantuvieron tarifas públicas por encima de los costos, incluyendo los combustibles, y se aplicó una política salarial con altos aportes patronales.

La gremial de los productores de leche ha tenido una respuesta alentadora del Ministro de Economía que rectificó su posición sobre el sistema de devolución de impuestos ante la dramática situación que atraviesa el sector.

El planteo revive una discutida decisión de la primera administración de Tabaré Vázquez, que por decreto modificó el régimen de devolución de impuestos al sector exportador fijando una tasa única del 2% con reducidas excepciones.

El porcentaje de devolución llegaba en ese tiempo a un promedio del 3.3% tomando en cuenta los mínimos y los máximos existentes. Para definir ese flat del 2% se argumentó que el porcentaje de los certificados de devolución era superior a lo que realmente se pagaba y que dicha situación ocultaba un régimen de subsidios reñido con los criterios que fijaba la Organización Mundial de Comercio.

En primer lugar, debe decirse que se partió de una base falsa para justificar el decreto, ignorando que el régimen legal aplicable en el país, se ajustaba a la normativa vigente siguiendo el principio universal de que los impuestos no deben ser exportados.

Por otra parte, se dijo que el objetivo perseguido era fortalecer a los sectores de mayor valor agregado y no solamente a los exportadores de materias primas. Pero luego el decreto, en lugar de identificar las distintas fases de los procesos productivos, recurrió a una solución tan simple como arbitraria: imponer un 2% al barrer sin fundamento técnico alguno.

En tercer lugar, quedó claro que el motivo principal de la medida era acceder a recursos por necesidades fiscales más que definir una política de incentivos consistente. La decisión se maquilló con la creación de una comisión que administraría decenas de millones de dólares detraídas del viejo sistema para "financiar" proyectos productivos. Fue así, que a partir de la aprobación del decreto, nada se supo sobre las sumas destinadas al sector exportador y menos todavía en las condiciones en que serían adjudicadas.

En tiempos de "vacas gordas" durante la última década el gobierno aumentó la presión tributaria sobre la producción, se mantuvieron tarifas públicas por encima de los costos, incluyendo los combustibles, y se aplicó una política salarial con altos aportes patronales. Todo eso sumado a un retraso cambiario manifiesto que determinó una pérdida de competitividad reflejada en las decenas de empresas que han tenido que cerrar, entre ellas, la emblemática Fanapel, buque insignia de la izquierda en Juan Lacaze.

El doble discurso fue tal, que el gobierno de la época invocó que la calidad era la variable a priorizar en el futuro. Mientras tanto, el Ministerio de Economía se hizo de millones de dólares vistiendo el despojo con el anuncio de que destinaría unos 20 millones de dólares para las gremiales que presentaran nuevos proyectos.

El oscurantismo se instaló. La Comisión que se instalaría no ha dado cuenta ni de su existencia y menos de las sumas que canalizó para los proyectos que iría a calificar. Tanto, que los criterios a manejar ni siquiera tuvieron la transparencia que toda inversión de riesgo reclama para producir en nuestro territorio.

Todo lo expuesto quedó al desnudo en la reunión del Consejo de Ministros realizada en Cardal la semana pasada. Allí, el Presidente tomó conocimiento de la grave crisis existencial que atraviesa el sector lácteo debida a costos internos, a los precios internacionales y al endeudamiento de más de 400 millones de dólares al que tuvo que recurrir para "sobrevivir" hasta la fecha.

Ante ese panorama el Ministro de Economía pareció cambiar de criterio y se comprometió a estudiar una modificación del régimen de devolución de impuestos para el sector, tan tardío como insuficiente. Más allá de las promesas, los números son elocuentes porque el déficit fiscal es de un 4%, mientras se perdieron cerca de mil millones de dólares entre las demencias de la autogestión mujiquista y el clientelismo ilegal e irresponsable de empresas como Ancap que el celoso equipo económico no pudo ni quiso controlar.

Esta situación es parte de los resultados de una política económica que ahogó al sector productivo. Y que ahora apuesta a conseguir inversiones extranjeras importantes mediante exoneraciones de todo tipo cuando no tuvo la mínima sensibilidad ante la dramática situación que sufren el pequeño y mediano productor lechero, su núcleo familiar y hasta la cooperativa Conaprole.

Esa es la verdad. Y para que se expusiera en sus verdaderos términos el Presidente tuvo que escucharla y poner la cara a pesar de la soberbia resistencia de su Ministro de Economía. Que no quede en palabras.

EDITORIAL

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