Tras 12 años de gobierno del FA, en los cuales la ministra Arismendi ha estado la mayor parte del tiempo a cargo de diseñar una costosa red de protección social, parece que la culpa de que haya gente viviendo en la calle es del ciudadano que descarta un sillón.

La ministra Arismendi tiene un don innegable. No gasta un segundo en disimular o edulcorar sus ideas. Cuando habla, dice lo que piensa, y ese esquema, por anacrónico, brutal, asombroso que pueda llegar a ser en el 2017, es en el fondo el reflejo de lo que piensa un sector importante de los dirigentes del oficialismo. Pese a que disimulen.

En los últimos días han habido varias declaraciones de Arismendi que son ilustrativas de muchas cosas que pasan en el país. Sostuvo, sin pudor, que los vecinos de Montevideo son en buena medida responsables de que la ciudad se esté llenando de "miniasentamientos", debido a que se tiran muchos sillones viejos, y los indigentes de forma muy natural, los usan para vivir. Si García Márquez hubiera usado un concepto semejante en alguna novela, le habrían dicho que el realismo mágico no daba para tanto.

Pero eso no fue todo. Apenas unos días antes, en una entrevista con este diario, había lanzado un par de conceptos casi tan aventurados. Uno, volvió a criticar que el estado "corte" beneficios económicos que otorga a familias de escasos recursos si estas no envían a sus hijos al sistema educativo. Según ella, eso implica darles a esas familias "encima de cuernos, palos".

La otra frase asombrosa fue que se quejó de que pese a que el Mides cuenta con casi 2.000 funcionarios, a lo que hay que sumar una vastísima red de ONGs y gente contratada de forma externa, ese personal no es suficiente para poder atacar el problema de la indigencia, y de la población que vive en las calles.

Esto último es tal vez lo más grave. En Uruguay, para cualquier empresa u organismo público, dos mil funcionarios es un disparate de gente. Vale recordar que la población que vive en la calle, según los censos del propio Mides, son 1.200 en todo el país. O sea que si cada funcionario del ministerio alojara a un indigente en su casa, resolveríamos el tema. ¡Y nos quedarían todavía 800 personas para otras tareas! Bromas aparte, el otro problema serio es el de las ONGs. Se trata de un esquema nefasto donde el Mides contrata con recursos públicos a toda una red de organizaciones, de forma bastante opaca, y que suele ser gente ideológicamente afín. Los controles sobre estos contratos son dificilísimos, el propio Mides dice no tener claro cuántos son y el costo que implican, y es permanente el reclamo del Tribunal de Cuentas al respecto. De hecho esta semana se supo que el TCR observó gastos de este tipo por 40 millones de pesos, observación que el ministerio tiró a la basura.

Sobre el tema del corte de beneficios, el simple concepto es tan absurdo, que no cabe mucho análisis. La sociedad uruguaya, el contribuyente, hace un esfuerzo mayúsculo para aportar recursos que colaboren en ayudar a la gente que está mal. Pero lo mínimo que se le puede exigir a quien se beneficia de ese aporte, es que mande a sus hijos menores a educarse, como forma de integrar a esos jóvenes a la sociedad, y de darles herramientas para que el proceso no se repita generación tras generación. Pues Arismendi entiende que pedir que los niños vayan a la escuela es darle "palo" a sus padres.

Por último, tenemos el asuntito de los sillones. El planteo de Arismendi parece sugerir que existe una bonanza tan grande en la sociedad, que la gente tira alegremente su mobiliario y que es lo más natural del mundo que donde haya un sillón, se instale alguien a vivir. ¿Cómo será el sistema de refugios que ofrece el ministerio de Arismendi que la gente prefiere vivir en un sillón en la calle antes que ir allí? ¿No será que alguien debería controlar que el espacio público de todos los uruguayos no se convierta en un asentamiento? ¿La culpa siempre la tiene el sufrido ciudadano común?

Arismendi parece olvidar un detalle. Su partido es gobierno hace 12 años en el país. Los 12 años con mayor viento económico a favor de la historia. Y de ese período, más de la mitad, ella ha estado a cargo de diseñar una red de protección social que sirva para ayudar e integrar a la gente con menos recursos. Resulta que hoy vemos que si descontamos los efectos estadísticos de sumar a los ingresos, beneficios como el Fonasa y otros más, las cifras de pobreza e indigencia se mantienen en porcentajes inaceptables. Que la red de protección social es ineficiente. Que cada día vive más gente en la calle, y el clima de convivencia es más "espeso". Y que el Mides es un barril sin fondo que dilapida el dinero de todos los uruguayos, sin nunca mostrar una auditoría externa que dé fe acerca de que las cosas se hacen de manera mínimamente eficiente.

El problema no parecen ser los sillones, sino la "cabecita" de quienes ocupan algunos de ellos.

EDITORIAL