En un ente público malherido por la gestión de sus autoridades y prácticamente fundido, los funcionarios hacen paro en defensa de actividades deficitarias como si buscaran que el agujero negro sea mayor. Mientras tanto la Justicia trabaja e investiga.

La Federación de Ancap anunció un paro para mañana lunes por el mantenimiento de las plantas de Pórtland y la instalación del famoso horno comprado por 80 millones de dólares en 2012 y cuya instalación cuesta más de 100 millones de dólares, para aumentar una producción que trabaja a pérdida. Desde que llegó al país el horno se encuentra en sus contenedores en Paysandú, tirados entre los pastizales, cerquita del río Uruguay. Una "inversión" de la época de Sendic, aunque nunca se han hecho públicos los estudios (si se hicieron) de factibilidad para esta adquisición y su instalación. Lo único conocido es un pedido de informes del senador Álvaro Delgado sobre este punto, donde pregunta también por qué transcurridos cinco años del momento de la compra aún no se instaló; cuál es la explicación del ente.

La movida sindical no es camino para nada. En este siglo XXI con el auge de las comunicaciones y el comercio internacional, donde las oportunidades están a la vuelta de la esquina y si no se es competitivo más vale abandonar la aventura, ¿tiene algún sentido mantener una producción rotundamente deficitaria que cuesta al país más de 25 millones de dólares por año, sí o sí, porque los costos son muy altos? ¿Se hace necesario insistir en ella cuando los precios internacionales se sitúan desde hace años en la mitad de lo que cuesta en Uruguay? Con Pórtland caro la gente enfrenta el precio exorbitante del sueño de la vivienda propia y la obra pública se hace a cuentagotas porque el dinero no alcanza.

Ancap invirtió 251 millones de dólares en plantas de cemento y de esa forma intentó ganarle a la competencia privada, Cementos Artigas. Pese a ello, fue tal su ineficiencia que su competidora gana aproximadamente 20 millones de dólares por año, mientras Ancap pierde y, además, le compra a su competencia para poder cumplir con sus compromisos.

Si además al reclamo por mantener una actividad deficitaria se agrega un dispendio extra en la empresa porque la parálisis de actividades afecta los ya demorados trabajos en la refinería de La Teja, las sinrazones del Pórtland ancapiano trepan a niveles insoportables. Parece que muy poco importa el costo que tienen y tendrán que pagar los ciudadanos.

Un segundo punto que se conoció la semana pasada sobre Ancap (surgido de las investigación judicial) está relacionado con los negocios con Trafigura, una empresa holandesa dedicada al trading (comprar algo con la intención de poder venderlo más caro en el corto plazo) de petróleo y combustibles, y Petroecuador.

En una visita a nuestro país allá por el 2009, el presidente ecuatoriano Rafael Correa firmó un convenio entre Ancap y Petroecuador. Según Correa, en Ecuador "regalábamos nuestro dinero a las trasnacionales y a los intermediarios. Hoy empezamos el intercambio directo de ese crudo hacia Uruguay que tiene capacidad de refinación. Ellos nos enviarán derivados, de tal forma que eliminamos la intermediación". Pero parece que no fue así: la intermediación que no quería Ecuador siguió y el intermediario fue Trafigura, con el cual Ecuador había cortado sus relaciones. Mucho dinero se manejó durante esa operación. Al respecto, Pablo Donnángelo, abogado del Partido Independiente, dijo: "No sé si generó un perjuicio para Ancap, pero es un negocio millonario en el cual intervino una empresa cuestionada en otros países por su acciones y que terminó, a juicio del Parlamento ecuatoriano, embolsando unos cuantos millones de dólares". No hubo licitación alguna en el acuerdo (triangulación) con Trafigura. Según "Búsqueda", de un negocio total de US$ 6.400 millones, a Ancap solo le ingresaron US$ 6 millones, y cuando se enteró de lo que pasaba, Ecuador cortó su relación con la empresa pública.

Este panorama recurrente sobre Ancap es triste y lamentable. No se trata de un cuestionamiento de fondo a las empresas públicas, que pueden ser necesarias y hasta beneficiosas para la sociedad, siempre y cuando brinden un servicio adecuado y no se transformen en un boomerang. Porque en el caso de Ancap no solo pagamos el combustible más caro de la región, sino que además requiere asistencia del Estado porque está fundida, y esa asistencia vuelve a recurrir al bolsillo del contribuyente en un espiral tremendamente oneroso. Y todavía sus funcionarios hacen paro y piden más recursos.

Las empresas públicas son propiedad del pueblo uruguayo y no instituciones de caridad, ni un simple instrumento de clientelismo político, como tampoco escuelita de negocios para jugar al empresario a costillas del ciudadano que las financia. Así vamos.

EDITORIAL