Más de 300.000 personas viven en la pobreza en Uruguay. Un nuevo plan de gobierno se propone empezar a sacar a los que están en situación más critica: los indigentes. Expertos sostienen que esto no se logrará sin cambios de fondo, que permitan generar más fuentes de trabajo.

Doce años después del primer triunfo del Frente Amplio el gobierno se plantea instaurar la tercera fase del Plan Emergencia. La idea, anunció el presidente Tabaré Vázquez, es llegar al "núcleo duro de la indigencia", aquel que no logra levantar cabeza pese a las prestaciones que paga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La ministra Marina Arismendi advierte que la situación es difícil porque lo que paga la cartera es insuficiente. También se queja de que tiene poco personal. Son 1.900 trabajadores, más los que realizan labores de manera tercerizada. El plan no tiene un presupuesto ni nuevas estrategias, sino que apunta a tejer alianzas entre distintos organismos para encontrar solución a situaciones puntuales. Algunos expertos, en tanto, sostienen que las políticas deberían concentrarse en generar más fuentes de trabajo, sobre todo en la capital.

"Le conté al presidente historias de casos que para solucionarlos hay que trabajar más en el territorio, en descentralización y en los derechos vulnerados, en la pobreza que nos queda. Y él me dijo que estas políticas se tienen que incluir en un plan que se va a llamar de Situaciones Extremas. Si él quiere que se llame así está bien", dice la ministra.

Gabriela Dávila es un ejemplo para ella. Logró salir de un lugar al que la palabra "pobreza" le queda corta. Hay que apelar a una mucho más fuerte: "indigencia". Se inscribió en la cartera en 2014 como monotributista social. Así accedió a un microcrédito, se compró una máquina de coser y empezó a trabajar de forma independiente. Hace poco más de un año el Mides le hizo una oferta: le propuso ser una de las encargadas de la fabricación de cunas que se entregan en el marco del programa Uruguay Crece Contigo.

Casos como el de Dávila hasta hoy se atienden de forma aislada, pero a partir de los próximos días pasarán a ser parte del Plan de Situaciones Extremas. El presidente Vázquez lo anunció días atrás en el programa En la mira, de VTV. Afirmó que decir que la indigencia corresponde a un "núcleo duro que no puede disminuir es una excusa para no hacer nada".

La indigencia en Uruguay, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), llega al 0,1%. La cifra es muy baja de acuerdo a los parámetros internacionales. Implica que cada 1.000 personas hay una que "no alcanza el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas". También, dijo la ministra, el plan incluirá la atención de casos puntuales de pobreza. Esta arrastra a un 9,4% de la población. Si se toma solo Montevideo llega al 12,9%.

El Plan de Situaciones Extremas se focalizará en las personas que viven en la calle. Según el Mides hay 1.244 ciudadanos en esta situación, de los cuales 1.013 son de Montevideo. Del total, 809 duermen en refugios (670 de la capital y 139 del resto del país) y 435 lo hacen en las calles (343 y 92, respectivamente). Los datos corresponden a noviembre del año pasado y muestran una disminución con respecto al relevamiento que se había hecho dos meses antes, en septiembre de 2016, cuando se habían contabilizado 1.651 personas. En el censo de 2011 se registraron 1.274, de las cuales 837 dormían en refugios y 437 pernoctaban en la calle.

Arismendi dice que el nuevo plan buscará "mejorar el trabajo interinstitucional" para que, además de tener espacio en los refugios para que estas personas puedan pasar la noche, se encuentren lugares para que estén el resto del día.

Muchos de los que viven en la calle tienen patologías psiquiátricas, agrega la ministra. Antes eran derivadas a las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, pero estas cerraron sus puertas a nuevos pacientes con el objetivo de ser clausuradas en los próximos años. El Vilardebó, en tanto, solo recibe a quienes estén atravesando una crisis aguda. El Mides suele hacer denuncias para pedir que el Piñeyro del Campo abra sus puertas a estas personas. Es que la institución no los recibe sin que medie la orden de un juez.

El nuevo plan implica un trabajo interinstitucional con hospitales, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, y otros organismos. La idea es, por ejemplo, prestarles ayuda a través del Plan Juntos (de construcción de viviendas), y también en los casos en que haya patologías psiquiátricas fomentar la apertura de casas de medio camino, que ya funcionan en la órbita de la ASSE. Allí, pacientes psiquiátricos que están estabilizados residen solos con un seguimiento médico y el de un asistente social. Lentamente, se los intenta reinsertar en la sociedad.

Los individuos en situación de calle que directamente se niegan a ir a los refugios, en tanto, son casi siempre hombres y tienen problemas de consumo de alcohol o drogas, sobre todo pasta base.

"Hay una mujer que pide en la puerta de un hospital y le falta una pierna —continúa la ministra. El otro día pregunté por qué no la llevamos a que se ponga una prótesis, que es algo que el Mides hace en estos casos. Pero los trabajadores que hacen las recorridas me dijeron que ya le dieron una prótesis y no la usa porque dice que así le dan más plata cuando pide. Esto es algo que pasa con la gente en situación de calle. Uno los puede tratar de convencer de brindarles ayuda, pero si no quieren no se los puede obligar".

En 2005, cuando el Mides empezó con el Plan de Emergencia, más de 1.000.000 personas eran pobres. Ahora, la cifra está en el entorno de las 320.000. Sin embargo, los barrios pobres siguen siendo barrios pobres. Estas personas no están en la indigencia, pero no logran escalar a la clase media, y hay quienes creen que los planes actuales del Mides no les dan herramientas para salir a flote. La ministra considera que el dinero que entrega la cartera no es suficiente y debería ser más (ver entrevista aparte).

La ayuda que reciben se divide entre el Plan de Equidad (por el que se paga $ 1.404 por un menor a cargo en edad escolar, y $ 601 cuando está en nivel intermedio), la tarjeta Uruguay Social (que va de $ 955 por un hijo a $ 5.139 por cuatro hijos o más en situaciones económicas muy extremas), y Uruguay Crece Contigo (de ayuda para embarazadas y hasta que los niños tienen tres años, que incluye asistentes sociales verificando la situación de los menores y las mujeres en el territorio).

Arismendi explica que el nuevo plan anunciado por Vázquez incluirá también el seguimiento de los recién nacidos en el Pereira Rossell. "Una de la preocupaciones del presidente es que los niños salen bien del Pereira, pero después van a donde viven, donde hay un piso del tierra, y se agarran una parasitosis; o contraen anemia y tienen que volver al hospital".

El sociólogo Gustavo Leal, que actualmente trabaja en el Ministerio del Interior, expone la dificultad para sacar a los pobres de su situación. "La cantidad de pobres no se fue bajando como en un vaso de agua, en el que todo el líquido es de la misma calidad. Es como con una taza de café: se terminó todo el café, pero ahora queda la borra. Los que quedaron en el fondo tienen una composición diferente de los que salieron. Tienen un perfil educativo distinto. Son lo que los franceses definen como inempleables".

Los "inempleables" son así por varios factores. Uno de ellos tiene que ver con que el 20% que está bajo la línea de pobreza son niños. También, en el caso de los adultos, son los que menos herramientas tienen para desempeñarse en un trabajo. Están concentrados en Montevideo y el área metropolitana. Leal atribuye esto a que las políticas para atraer inversiones se han focalizado en el interior del país, descuidando así la ciudad.

"Uruguay es un país que discute mucho, pero discute mal, entonces hay muchos mitos urbanos. Una de estas leyendas dice que hay más posibilidades de conseguir trabajo en Montevideo que en el interior, cuando lo cierto es que hay muchas más posibilidades de ser pobre en la capital. Políticas como la ley de inversiones se focalizaron en el interior. Tendría que haber una ley de inversiones en el área metropolitana, porque es verdad que aquí no puede haber una planta de celulosa, pero sí se puede pensar en otro tipo de trabajos", señala Leal.

El sociólogo advierte que hay rubros, como el sector textil, que históricamente emplearon a las clases trabajadoras, y que ahora cada vez generan menos puestos debido a que la nueva maquinaria que se utiliza permite aumentar la producción sin necesidad de tener tanto personal.

"El problema con estas personas de bajos ingresos es que tienen una productividad inestable", agrega el sociólogo Marcelo Boado. Sostiene que este es "el sector más desprotegido del mercado" y que "los trabajos inestables crean un círculo de conductas y comportamientos que después son difíciles de encauzar en las cooperativas sociales" a donde los lleva el Mides. "Hay quienes se quejan de que podrían ganar más trabajando mucho una semana que un mes en un empleo de ocho horas. No tienen en cuenta que esa changa de una semana a veces les sale y a veces no".

La informalidad en el empleo es un problema extendido en los sectores más pobres. Mientras esta es de uno cada cuatro a nivel global en Uruguay, en los sectores pobres es de casi tres cada cuatro.

Leal insiste en que "se necesita focalizar el trabajo" en algunas zonas. "Porque de la cantidad de pobres hay 180.000 que están en Montevideo y que se concentran en no más de nueve o 10 barrios". Para cambiar esto cree que también habría que crear un plan de desarrollo de la ciudad a nivel central, ya que la Intendencia de Montevideo no tendría recursos para hacerlo. Hoy vivir en las zonas pobres implica menos acceso a los servicios y a los planes de seguridad, entre otras cosas.

"En educación y salud el Estado llega, pero llega mal. Hay mujeres de esas zonas que se hacen el primer control de embarazo a los seis meses, y algunas llegan al parto sin ningún control. Y los índices de repetición son mucho más altos en los liceos de estos barrios que en el resto del país", sostiene Leal. De hecho, salvo rarezas puntuales, la repetición es el doble en algunos barrios más carenciados que en el centro de la ciudad.

En 2015 —los últimos datos divulgados— la repetición en Secundaria fue de 26,8%. Pero en el liceo 13 de Maroñas repite el 52,2% y en el 73 de Casavalle el 49,4%. En el 7 de Pocitos, en tanto, solo no pasa de año el 18,6%. En la lista de casos que sorprenden está el del liceo 43 de Rincón del Cerro, donde los no promovidos fueron el 17,9%. Un logro. Como el de Gabriela Dávila, la mujer que salió de la indigencia construyendo cunas, que es parte de la excepción y no de la regla.

El nuevo plan del Mides incluye un proyecto para sacar a la gente en situación de calle. Anuncian que se trabajará en la construcción de casas a través del Plan Juntos y en la creación de hogares de medio camino para aquellos que tienen patologías psiquiátricas.

El proyecto incluye la intervención de las maternidades. En un primer momento se trabajará con el Pereira Rossell haciendo un seguimiento de las casas a los que van los recién nacidos. La idea en un futuro es abarcar todo el sistema, hasta las mutualistas.

Esto abarca tanto a los sectores más pobres como a los otros. La idea es reforzar el tratamiento de las víctimas, como de los victimarios y sus hijos. "Esto es algo que incluye no solo la pobreza, pero cuando un caso está cruzado por esta es mucho peor", dijo Arismendi.

—¿Cuántas personas tienen la tarjeta de alimentación del Mides?

—Hoy por hoy son 73.000 familias. Estamos trabajando para ajutar esto con el Instituto de Economía. Sucede que hay cosas que eran símbolo de confort en algún momento, pero ahora ya no lo son. Hay que cambiar los parámetros que teníamos en 2005. Ahora si una familia tiene un microondas no se puede considerar que viva mejor, porque la gente a veces deja electrodomésticos al lado de los contenedores. Cuando volví al Ministerio en 2015 le pedí a la Dirección de Evaluación aislar el factor hacinamiento, que pesa mucho en el Índice de Carencias Críticas, por el que se determina la entrega de la tarjeta; con esto nos entraron 1.000 mujeres, cada una con un niño, que por no vivir de esa forma no cobraban y lo necesitan. Hay cosas para ajustar.

—Por la tarjeta Uruguay Social se paga $ 955 por un menor. En casos de pobreza extrema la cifra alcanza los $ 1.910. Esto va subiendo según la cantidad de hijos, hasta llegar al máximo de $ 2.567 por cuatro o más, y en este caso el monto en las situaciones más difíciles es de $ 5.134. Con este dinero, ¿se puede sacar a la gente de la pobreza?

—La gente se pasa hablando de las cosas que da el Mides, la plata que da el Mides, y la verdad es que esto es un chiste. Las familias no van a salir de la pobreza con estas cifras, no alcanza. Es, sí, una herramienta. Lo que pasa es que en realidad la gente vive también de otras cosas. Son cuidacoches, feriantes, las mujeres salen a hacer limpiezas.

—En 2004, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez, la pobreza alcanzaba al 39,9% de la población. La última medición del INE, respecto a 2016, marcó un 9,4%. Sin embargo, cuando uno mira las zonas en que se concentra la pobreza, son las mismas que en 2004. En Montevideo los barrios pobres siguen siendo pobres. ¿Por qué no se logra cambiar esto?

—Hemos reasentado a mucha gente, pero es verdad que la fragmentación social es algo terrible.

—El sociólogo Gustavo Leal nos dijo que la razón por la que sucede esto es que cuando la gente sale de la pobreza lo primero que hace es mudarse. ¿Está de acuerdo?

—Esto es así y es algo que se da por muchas razones. Si una persona vive en un asentamiento y se presenta como aspirante a un empleo, cuando le preguntan dónde vive lo que hace es mentir. Nunca dice que vive en el Marconi, el 40 Semanas o Cerro Norte, porque si lo hace seguro que va a quedar abajo en la fila para entrar a ese trabajo, sin importar su capacidad. Pero hay que rescatar los casos paradigmáticos, la gente que logra salir pese a vivir en esas zonas. Tenemos, por ejemplo, a una mujer que vivía en situación de indigencia y que hoy está haciendo cunas que nosotros estamos comprando para niños recién nacidos. También está el caso del jardín del Hospital Maciel, que fue arreglado por mujeres de refugios, que aprendieron y ahora hacen muy bien ese trabajo.

—¿Qué pasa con la mujer que hace cunas y las que arreglan jardines cuando esos trabajos se terminan?

—Consiguen otros empleos.

—¿En un mundo totalmente tecnológico está bien capacitar en jardinería? ¿No se debería refocalizar el tipo de capacitación que se da?

—Bueno, en algunos casos quizá sí se deba hacer eso, pero en otros no. Depende mucho del lugar en que se viva. En el caso de las mujeres rurales, por ejemplo, el trabajo que hacen con mermeladas, con conservas en general, tiene colocación. Hacen regalos empresariales que se venden bien. Nosotros trabajamos mucho en dar formación, por ejemplo con lo que es el programa Uruguay Trabaja (NdR: de formación en oficios para mayores de 18 años que no llegaron a 3ro de liceo), para el que se abrieron 3.000 cupos este año.

—¿Cuántas personas se anotaron?

—17.000. Esto para los que dicen que la gente no quiere trabajar.

—¿Y qué pasa con los que no quedaron?

—Quedan en una lista de espera. Pero la verdad es que es duro que no puedan entrar todos.

—¿Cuántos trabajadores tiene el Mides?

—Unos 1.900. Después tenemos a los que atienden en los refugios, que no son personal del Mides sino de organizaciones sociales.

—Uruguay Crece Contigo, el plan para niños hasta los tres años, atiende a 2.000 familias. ¿Es suficiente?

—Claro que no. Es poco. Pero se necesita más personal. Se va a los barrios en duplas, y la cantidad de gente que tengo no me alcanza.

—El último informe del INE señala que dos de cada 10 niños viven en la pobreza. ¿Por qué no se logra revertir esta situación?

—Por eso digo que Uruguay Crece Contigo debería ser más grande. Si yo pudiera resolver mágicamente esto ahora, lo que haría es llegar con este plan a 10.000 familias. Este es el número real al que se debería alcanzar. Nosotros tenemos unos 45.000 nacimientos por año, y uno de cada cuatro corresponde a niños de hogares pobres.

—Entonces hoy no se llega a todos los niños que nacen en situación de pobreza...

—Y yo diría que no. Por eso ahora vamos a trabajar directamente con los nacimientos en el Pereira Rossell, haciéndoles un seguimiento. Después iremos por las otras maternidades, tanto públicas como privadas, porque con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) hay gente pobre que también nace en las mutualistas.

—El nuevo plan que anunció días atrás el presidente Tabaré Vázquez, para atender situaciones extremas, implica principalmente una mayor coordinación entre organismos, entre otros los hospitales públicos. ¿Llevar a cabo esto es un problema?

—La verdad es que a veces lo es. No puede ser que para que todo funcione tenga que ir una autoridad a decir júntense y hagan tal cosa. Que se tenga que llamar a un ministro para decirle, por ejemplo, que tal director de hospital no hace lo que tiene que hacer. Esto es un problema. A veces les pregunto a los trabajadores sociales cómo resolvieron algo, y ellos me dicen que porque conocen a alguien que a su vez tiene un primo que conoce a no sé quién, y que gracias a esta persona consiguieron un cupo en una UTU para un joven que lo necesitaba. Esto debería ser más directo, sin depender de nadie. No puede ser que trabajemos año y medio con un joven para que estudie y luego cuando lo vamos a anotar el director nos dice que no hay cupo, cuando esto es algo que no existe, porque la Constitución dice que todos tienen derecho a estudiar. Si no hay un cupo lo tienen que inventar.

—Usted se ha opuesto en reiteradas oportunidades a que se corten las asignaciones familiares a los jóvenes que no van a estudiar. Esto está establecido por una ley, y también por un decreto firmado por el presidente Vázquez. ¿Sigue creyendo que se debe cambiar?

—Sigo pensando lo mismo. Esos chiquilines a los que se les corta la asignación tienen problemas de aprendizaje profundos. No puede ser que tras de cuernos, palos. Tiene dificultades y encima le saco la asignación. Lo único que hago es castigar. Hay barrios adonde vamos y preguntamos por qué tal joven no va al liceo y la madre nos dice: "Porque no le da la cabeza". A veces mandan a un hijo y al otro no. Algunos niños terminan sexto de escuela y se van a cuidar hermanos. No los van a mandar porque se les corte la asignación, es absurdo e injusto. Estoy convencida de esto, aunque me caen cuando lo digo públicamente. Yo aspiro a cambiar la ley antes de que termine el quinquenio.

El Plan de Situaciones Extremas no incluye solo casos de pobreza, también tiene una pata que abarca los casos de violencia doméstica. Se trabajará en el fortalecimiento del tratamiento de los casos de violencia doméstica para prestar ayuda tanto al victimario como a los niños. "En Uruguay no hay gente preparada para trabajar con el varón agresor, y esto hay que cambiarlo. También hay que focalizarse en los niños. Esto lo estamos viendo con el INAU. El problema de estos niños es que van a repetir conductas, y van a tener una pareja y van a ser parte de una relación en la que la chica va a ser sometida como algo natural", señala Arismendi.

CARLOS TAPIA

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