Cada vez más empresas ahorran tercerizando la mano de obra o contratando trabajadores unipersonales y profesionales. Detrás de esta modalidad hay pocos controles y demasiadas relaciones laborales encubiertas. Algunos especialistas creen que es hora de actualizar las normas.

Esta mañana, mientras estaba en una audiencia, a Andrea Santos le pareció estar viviendo una escena repetida, como en la película El día de la marmota. Pero en su relato no hay ningún Bill Murray queriendo enamorar a su compañera de trabajo: hay una abogada defendiendo a un empleado tercerizado que se quedó sin cobrar. Del otro lado de la mesa, negociando, esta vez le tocó estar a la Intendencia de Montevideo, que contrató a una cooperativa que no cumplió con sus obligaciones. La abogada Santos se enoja porque ya son demasiados los casos similares. Sobre todo con empresas públicas. Pregunta si la Intendencia no controla a estas firmas y si no hay un sistema de castigo para que no puedan presentarse a otras licitaciones por determinado período de tiempo. Le dicen que no saben.

Santos observa su agenda y sabe que mañana será un día idéntico. Y así sucesivamente: trabajadores que cobran menos de lo que deberían y con atraso, trabajadores que deberían estar en planilla en vez de facturar como independientes. "Acá lo que falla es el control y la moral", dice. "Ese espíritu que estamos teniendo como sociedad de que todo es desechable se trasladó a las relaciones laborales". En 2015 la Comisión del Trabajo Tercerizado del Pit-Cnt manifestó su preocupación al respecto y presentó un proyecto de ley para limitar este régimen, que abarca a unos 250.000 empleados.

El especialista peruano en Derecho del Trabajo, Antonio Martín Valverde, también pensó en cine para titular uno de sus estudios más populares: "El discreto retorno del arrendamiento de servicios", un guiño a una de las obras maestras de Luis Buñuel. Es que algunas empresas parecen estar repitiendo fórmulas del pasado para ahorrar costos, defraudar o evadir. Una muestra de esta flexibilización es la reducción de empleados dependientes. En su lugar se emplea a personas dependientes de otras empresas, profesionales que ejercen de forma liberal y trabajadores que facturan como unipersonales.

Esta tendencia genera distintos malestares. Si el problema de los tercerizados es que no reciben los mismos beneficios que sus compañeros regulados y que no cobran en fecha, el de decenas de unipersonales y profesionales es que tributan como independientes, pero muchas veces trabajan bajo un régimen de subordinación evidente, condición determinante para demostrar que, en los hechos, hay una relación laboral encubierta. De esta manera, la empresa se ahorra los aportes patronales (que representan el 12,5% de un sueldo) y el trabajador no cobra aguinaldo ni salario vacacional ni despido. Tampoco genera antigüedad y se pierde la prima que conlleva.

Hay tantos casos que para esta nota se recopilaron testimonios de todo tipo, empezando por la conductora de un informativo que no está en planilla, una gerente de recursos humanos que está obligada a facturar, un técnico en computación que luego de 15 años de marcar tarjeta fue obligado a abrir una unipersonal para mantener su puesto, una arquitecta que trabaja en una constructora con contrato "full time" que incluye las horas extra que no cobra, y hasta un funcionaria de una agencia de Naciones Unidas que tenía su escritorio, un mail de la empresa y recibía órdenes, pero no formaba parte del staff.

Hay otra abogada que piensa como Santos, pero no da su nombre. No puede, dice, porque tiene clientes acusados de mantener relaciones laborales encubiertas con sus empleados. Cuenta: "Se dice que hay una crisis del Derecho del Trabajo porque surgió para proteger a los trabajadores subordinados, pero están surgiendo un montón de otras modalidades de prestar trabajo que este derecho no abarca y no puede proteger".

Según su experiencia, las empresas que recurren a estas alternativas lo hacen para lidiar con el incremento de los costos laborales. "Una forma de esquivar ese régimen de ajustes es ubicar a un trabajador como empresa unipersonal", explica. Una de las consecuencias para ese empleado será que al realizar aportes como patrón tendrá una jubilación menor.

Frente a esta situación los trabajadores o se resignan o cambian de trabajo o juntan pruebas para realizar un juicio que les retribuya los aportes adeudados, o incluso para que se los incorpore como dependientes.

Lo mismo sucede cuando una empresa contrata a otra que desarrolla actividades especializadas u obras y ésta deja a sus empleados sin cobrar. "La ley dice que los empleados tercerizados que trabajan en una actividad regulada deben tener los mismos beneficios que sus compañeros", asegura la abogada anónima. Siendo así, el trabajador afectado puede reclamarle el cobro adeudado a esa primera empresa (por eso a la Intendencia no le quedó otra que sentarse a negociar). "El riesgo se toma porque estas empresas brindan un precio muy bajo por la mano de obra, muchas veces porque no cumplen con todas las leyes", agrega.

Antonio Elías, miembro de la Red de Economistas de Izquierda y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, cree que esta flexibilización genera precarización: "Es un retroceso para los derechos conquistados y afecta sobre todo a los recién llegados al mercado laboral".

El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, y el director del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, Milton Castellanos, dicen no tener indicios de que esta situación sea alarmante, al menos por el momento. Castellanos advierte que en todo caso "no tiene nada que ver" con lo que sucedió en la década de 1990 y principios de los 2000, cuando la desregulación era tal que había 120.000 unipersonales registradas. Como consecuencia de distintas normas regulatorias, en 2006 esa cifra descendió a 59.015. Pero, casi 10 años después, las cifras del BPS relevan que volvieron a subir. En 2015 había 88.880 unipersonales inscriptas.

Por lo general, para una unipersonal es más fácil demostrar la dependencia encubierta. Algunos de los indicios más comunes son cumplir con un horario, la exclusividad, contar con un mail de la empresa, comunicarse en su nombre, recibir órdenes, usar uniforme y tener descuentos por inasistencia. En cambio, para las profesionales la Justicia suele ser más esquiva, "porque dice que tiene una formación que le permite valorar su situación. Son juicios que a veces se ganan y a veces se pierden", dice Santos.

Leonardo Slinger, abogado especialista en Derecho Laboral del estudio Guyer y Regules, asegura que la forma normal de prestación de servicios de un profesional universitario es la relación de servicio y no la dependencia. Él mismo lleva más de 30 años trabajando así. "Por definición el profesional no actúa con la subordinación de un empleado", dice. Además, afirma que la exclusividad no es determinante ni tampoco el tiempo que se lleva relacionado a un cliente: "La Ley de Reforma Tributaria establece que las condiciones (para ejercer en forma liberal) son trabajar para una empresa que brinde servicios y que no haya subordinación".

Pero esta es una línea fina. Por ejemplo, María José, contadora en una firma que ofrece servicios de auditoría, lleva nueve años trabajando de forma exclusiva, recibe órdenes de una jefa, cumple un horario y computa horas extra que luego cobra con días de licencia. ¿Hay subordinación o no? Ella prefiere mantenerse como independiente porque cobra un sueldo mayor al de sus colegas que no lo son, en parte como forma de compensar los aportes que debe realizar a la Caja de Profesionales.

Hubo un tiempo en que la brecha salarial valía la pena para los profesionales. Ya casi no sucede. Otros con menos suerte que María José están en desventaja, como Raúl, un psicólogo que atiende a 25 pacientes que le deriva una mutualista. Raúl paga Fonasa, DGI, Caja de Profesionales, Fondo de Solidaridad y el alquiler de un consultorio. Debido a los gastos que tiene para poder facturar, su sueldo es inferior a un salario mínimo. Dice que no encuentra una salida. Elías escucha este ejemplo y concluye: "El trabajador está perdiendo estabilidad porque se ve envuelto en una situación de fragilidad. Se siente como si fuera uno contra el mundo".

Hace un tiempo que la Caja de Profesionales ve un estancamiento de socios declarados en ejercicio. Según su presidente, Álvaro Roda, eso se debe, en parte, a que en los últimos 15 años aumentaron los profesionales que optan por trabajar en un régimen dependiente, "ya que el trabajo liberal es muy inestable e irregular". Estiman que esta realidad alcanzaría al 20% de los inscriptos, en su mayoría mujeres. "Se da porque algunas quieren reducir la carga horaria y otras encuentran que el subsidio por licencia maternal que ofrece el BPS es más beneficioso. Lo sabemos y estamos estudiando una reforma de la ley orgánica para cambiarlo". Roda explicó que es un problema para la Caja porque el número de mujeres recibidas supera al de los hombres.

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