Uno de cada nueve uruguayos trabaja para el Estado. Son el 17% de los que tienen empleo. En el podio regional el país está tercero. La oposición reclama auditorías. El gobierno dice estar de acuerdo, pero advierte que necesita mucha gente para los objetivos que se puso.

El 17,4% de las personas que trabajan en Uruguay son funcionarios públicos. La cifra es alta con respecto a la región, según datos relevados en periódicos del Grupo de Diarios de América (GDA). El país está solo por debajo de Argentina, donde es de 19%, y Venezuela, que llega a casi un insólito 50%. Para la oposición es necesario hacer un mayor control de la productividad de los que desempeñan tareas públicas. Desde el oficialismo se advierte que todavía se sigue regularizando la situación de empleados que habían sido contratados antes de 2005, cuando el Frente Amplio obtuvo por primera vez el gobierno, y que se han puesto altos objetivos en salud y educación, lo que implica la necesidad de más personal.

La explicación del alto porcentaje en Venezuela está en que el trabajo no formal en las tierras de Nicolás Maduro llega a proporciones inimaginables: de una población económicamente activa de 13,4 millones de habitantes, solo 5 millones tiene un empleo registrado y 2,5 millones desempeñan tarea para el aparato estatal. Los datos de Argentina son los oficiales de 2016, pero los de Venezuela pertenecen a asesores laborales de los sindicatos, puesto que el Instituto Nacional de Estadística de ese país no proporciona información desde inicios de 2015. Los de Uruguay fueron brindados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), y en los últimos días generaron críticas de quienes sostienen que el Estado está demasiado gordo.

Según las cifras de la ONSC, en 2016 hubo 267.553 personas que desempeñaron servicios para el Estado. La oficina sostiene que hay una disminución, debido a que a diciembre de 2015 este número era de 270.059. Son 2.506 menos. El tema es que lo que sí se incrementó fueron los vínculos de los funcionarios públicos —cada trabajador puede tener más de un vínculo, o sea más de un trabajo en el Estado, en caso de que desempeñe tareas en la salud, la educación o en el Sodre—. En este caso se pasó a 293.585, lo que implica la cifra más alta de la historia. Al mismo tiempo se disminuyó la cantidad de no funcionarios públicos que trabajan para el Estado. Se trata de contratos temporales, becarios, pasantes o arrendamientos para obras: estos son 12.684, y la cifra, con altibajos, viene disminuyendo desde 2005.

O sea que son 270.059 personas, entre funcionarios y no funcionarios, que conformaron en 2016 los 306.269 vínculos laborales con el Estado. El gobierno, aunque se defiende de las críticas, sabe que el número es grande. Y la idea es que esta se pueda bajar antes de que termine este período. Sin embargo, el director de la ONSC reconoce que la tarea es difícil, y que la prioridad está puesta en que se cumplan los objetivos que tiene planteado el Poder Ejecutivo.

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"La primera misión que tenemos es la de los cometidos. Esto es como si yo quisiera bajar 10 kilos. Tengo dos opciones, o hago dieta o me amputo un brazo. El resultado va a ser el mismo, para la balanza yo voy a tener 10 kilos menos", reflexiona el director de la ONSC, Alberto Scavarelli.

"Claro que también se trabaja para que haya una racionalidad, una tendencia a la disminución de la carga de lo público en el peso del presupuesto del Estado —continúa el jerarca—. O sea, nuestro propósito es disminuir los vínculos sin afectar el cumplimiento de los cometidos del Estado".

Los números de la ONSC muestran que en 2016 se registraron 37.483 vínculos nuevos de funcionarios, mientras las bajas fueron 36.322 —se trata de jubilaciones, fallecimientos, renuncias y destituciones, en ese orden—. En el caso de los no funcionarios las altas fueron 4.803 y las bajas 7.554. A los llamados que se hicieron, que fueron 1.095 —muchos de ellos para cubrir más de un cargo— se presentaron más de 400.000 personas. Los números confirman que en el Uruguay no hay nada más seductor que un empleo público.

El país invirtió el año pasado US$ 2.730 millones en los salarios de los trabajadores públicos, según los datos del Ministerio de Economía, que no incluyen al sector financiero. Con este dato, igual, la cifra implicó el 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que es 0,2% más que en 2015 y menos que lo que se destina para pasividades, que es el 9,6%.

El 48,4% de los trabajadores públicos en Uruguay están englobados en el llamado artículo 220, que incluye a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El primero tiene el mayor peso. Del total de trabajadores públicos el 25,5% son docentes. Se trata de 74.855 maestros, profesores y demás funcionarios de liceos, escuelas y UTU —es que esto incluye solo los de la ANEP, no a los universitarios.

Es 2016 la ANEP tuvo 2.642 vínculos más, con respecto a 2015. El consejero en representación de los docentes, Robert Silva, sostiene que esto puede explicarse por varios factores. "Por un lado Primaria aumento los vínculos con el tema de que la educación inicial se inicia a partir de los tres años, por otro la UTU tiene más alumnos y entonces necesita contratar más docentes, y lo mismo pasa con el Consejo de Educación Secundaria (CES) que tuvo un leve incremento de la matrícula". A estos factores Scavarelli agrega que el objetivo de la ANEP es que no haya grupos con más de 30 alumnos en ninguno de los subsistemas, y que para lograr esto hay que achicar algunos grupos y crear otros, lo que implica la necesidad de tener más maestros y profesores.

En el caso de ASSE —que registró el segundo incremento más importante, equivalente a 801 vínculos de funcionarios más— manifiestan desde el organismo que esto se debe a que se está presupuestando a trabajadores que estaban en Comisión de Apoyo, y que se movían bajo el régimen privado, aunque trabajaban dentro del sistema público. Y agregan que el proceso de presupuestación "está continuando en 2017". Scavarelli dice además que este incremento "tiene que ver con una serie de compromisos de gestión, que implican aumentar turnos, especialidades, horarios de las guardias y más policlínicas".

El aumento constante de vínculos laborales de funcionarios desde 2005 es innegable. En ese año eran 231.270, o sea 62.315 menos. Scavarelli, que fue prosecretario de la Presidencia del último gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y diputado por el Foro Batllista en el de Jorge Batlle (2000-2005), dice que, hasta que ganó el Frente Amplio, y debido a que a partir de 1995 una ley bloqueó el ingreso de funcionarios en el Estado, los trabajadores fueron sustituidos por "becas infinitas que no tenían plazo, o por empresas unipersonales que se pagaban también con los fondos públicos".

"Hay gente que se hace trampa al solitario —ironiza Scavarelli—, dice que hay más funcionarios que antes, pero no toma en cuenta que antes había una gran cantidad de personas que estaban cumpliendo tareas en la función pública, pero que en vez de ingresarlas en el Estado le hacían abrir una unipersonal y las contrataban como empresas. En vez de ponerlas en planilla les decían ustedes son una unipersonal. A esas personas hubo que regularizarlas, y eso se hizo a partir de 2005. Esa gente, si hubiera ido a juicio contra el Estado, hubiera ganado, porque podían acreditar que eran funcionarios de hecho. El Estado estaba permitiendo la facturación de gente que tenía como único cliente al Estado".

Pese a las justificaciones, el gobierno reconoce que la gestión pública no es la mejor. Lo hace mientras llueven críticas. El exsubdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante la segunda mitad del primer gobierno de Tabaré Vázquez y los primeros meses del de José Mujica, devenido en miembro del Partido Independiente, Conrado Ramos, sostiene que no es tan importante la cantidad de empleados públicos, sino la falta de controles para poder medir la productividad.

"La cantidad no dice nada, el tema es la calidad y la productividad. La realidad es que entraron más de 60.000 y que el gobierno dice que son para educación, salud y seguridad. Lo que yo me pregunto es: ¿cuál es la productividad que tiene la educación? ¿cómo son los servicios de salud? ¿son necesarios estos trabajadores o no lo son? Y esas son preguntas sin respuesta. Al no haber análisis, no haber avanzado el presupuesto basado en resultados, no haber buenas auditorías de gestión para ver si las políticas están funcionando, esas cifras no dicen nada", advierte Ramos.

A partir de este gobierno comenzó a funcionar la Comisión de Análisis Retributivo Ocupacional (CARO), integrada por la ONSC, la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta fue creada con el cometido, entre otras cosas, de racionalizar el gasto en funcionarios de cada una de las dependencias, a través de un plan por el que a partir del primero de enero de este año toda oficina que pida personal debe justificar los motivos del llamado.

"Cada llamado puede entrar solo por Uruguay Concursa y desde allí nosotros hacemos los controles. Para pedir funcionarios cada Ministerio ahora tiene que explicar por qué necesita a ese trabajador, por qué no lo necesitó antes y por qué no lo puede pedir después. Esto empezó a regir a inicios de este año y va a estar reflejado, recién, en la próxima rendición de cuentas", señala Scavarelli.

A través de este procedimiento, dice el jerarca, también se va a efectivizar un mayor control de las cuotas para discapacitados y afrodescendientes, del 4% y 8% respectivamente, que Scavarelli reconoce que no se están cumpliendo. En el caso de los discapacitados no hay cifras disponibles del año 2016, pero en 2015 se alcanzó solo el 0,33%. A partir de los controles de la CARO se obliga a cada Ministerio a que, cada 100 pesos que pide para contratar, cuatro sean para la cuota de discapacidad y ocho para afrodescendientes. El director de la ONSC de todos modos reconoce que hay algunas oficinas públicas "que no tienen las condiciones" para que discapacitados trabajen allí y se necesita hacer reformas: faltan rampas y baños especiales.

Scavarelli dice que a partir de este sistema también se espera ejercer un mayor control del ausentismo, que advierte "alto", pero que señala que recién en 2018 va a haber cifras exactas. Hay un informe que se está preparando en 2017. Para hacerse una idea, hay directores de hospitales que han denunciado que el ausentismo se coloca en un 30%. En tanto, un pedido de informes contestado a El País meses atrás por los diferentes subsistemas de la educación arrojó que, en 2015, un año marcado por una fuerte conflictividad gremial, en los liceos se perdieron 513.500 horas de clase por culpa del ausentismo docente; en Primaria se registraron 733.309 y en UTU fueron 250.810.

El exministro de Economía del gobierno de Batlle, Isaac Alfie, es una de las voces más críticas que se han alzado en los últimos días contra los datos que da la ONSC. Este señala que, de la misma manera que Scavarelli denuncia que antes de 2005 había un gran número de personas que trabajaban para el Estado sin ser reconocidos como funcionarios, hoy hay una importante cantidad de contrataciones que están por afuera de las mediciones oficiales. Alfie explica que se refiere, por ejemplo, a sociedades anónimas, fideicomisos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —como las que prestan servicios para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y alerta como un agravante que algunas de ellas están manejadas por sindicatos.

"Lo que digo es que el empleo público en Uruguay está subestimado. No digo que las sociedades anónimas, los fideicomisos, las ONG y las personas públicas no estatales sean cosas nuevas. No son un invento de las tres administraciones del Frente Amplio, pero tengo la sensación de que todo esto se ha exacerbado de manera importante. Hay sociedades anónimas que antes no había, con una gran cantidad de empleados públicos, por más que se muevan bajo el derecho privado. Si a ALUR le pagamos US$ 120 millones por año vía precio, de alguna manera quienes trabajan allí son empleados públicos. Lo mismo pasa con Gas Sayago. Eso se financia con impuestos".

Pero Alfie va un paso más allá, y advierte que las mediciones que hace la ONSC sobre el porcentaje de funcionarios se deberían hacer de otra forma. La oficina toma a la cantidad de personas con trabajo y la cantidad de empleados públicos y hace una regla de tres. De esta manera da que 17,4% de los que trabajan lo hacen para el Estado. Con esta forma de calcular, en 2004 había un 20,5% de trabajadores estatales. Es decir, el porcentaje baja, por más que aumentan los vínculos. Esto es así porque la cantidad de personas empleadas en 2016 es mucho mayor de las que había en 2004. Se trata de 1.600.000 contra 1 millón.

"Los trabajadores públicos sirven a la población en su conjunto, y no solo a los trabajadores privados, entonces cuando uno quiere comparar tiene que tomar la cantidad de funcionarios en relación con todas las personas que viven en el país, incluyendo así a jubilados, niños, desocupados, todo", explica Alfie. Si el cálculo se hace de esta manera, los números cambian. El exministro señala que así la cantidad de trabajadores públicos en 2004 era del 7,7% y pasó en 2016 a ser del 8,8%.

A nivel regional, si se toma el criterio hecho por Alfie, Uruguay queda segundo en cuanto a la cantidad de servidores públicos, solo atrás de Venezuela, que tiene un 15,7%. Y Argentina pasa a estar tercera con un 7,9%. Scavarelli, consultado por lo que plantea Alfie, se defiende y dice que la ONSC "no está haciendo ningún tipo de truco numérico" y que "las declaraciones políticas hay que tomarlas como declaraciones políticas". Además, dice que su único sueño es irse en 2020 con "la mayoría de los compromisos de gestión cumplidos, con la implementación de un legajo electrónico que muestre qué sabe hacer cada funcionario y en qué dependencia del Estado está, y con la reducción de la función pública para bajar los costos. Pero en ese orden".

"Hay un fenómeno de sobra-falta: en algunos lugares faltan funcionarios, como especialistas en licitaciones, y en otros sobran, como es el caso de mantenimiento de ruta, que es un servicio que habría que tercerizar", opinó el exsubdirector de la Oficina de Planeamiento y Presu- puesto y hoy miembro del Partido Independiente, Conrado Ramos.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, en tanto, se refirió a que en algunas oficinas hay "personal que omite el cumplimiento de su deber", lo que luego lleva a que otra persona tenga que hacer su trabajo. Scavarelli señaló que la ONSC se apresta a poner marcadores de entrada con huella dactilar en todas las dependencias, para así tener un control central y detectar a los malos funcionarios.

El Poder Ejecutivo prepara una norma para obligar a los funcionarios públicos que piden licencia con goce de sueldo para viajar a estudiar al exterior y luego se quedan viviendo en otro país, a que devuelvan los salarios que recibieron sin trabajar, y para que en caso de que no lo hagan se los pueda embargar. "Pasa que piden licencia para estudiar y luego no vienen a trabajar más. Se dan casos, por ejemplo, que consiguen una beca en La Sorbona para formarse en la calidad de funcionario público, lo que nos parece bárbaro, pero les va tan bien en Europa que no vuelven. Con la nueva norma si no regresan a trabajar van a tener que devolver los sueldos que recibieron del Estado al valor que estos le fueron pagados", señaló Scavarelli.

CARLOS TAPIA

EL PESO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADOCARLOS TAPIA